
Barcelona, 31 mar (EFE).- La juez que investiga una presunta trama de corrupción policial vinculada a prostíbulos ha implicado a dos funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, uno de los cuales es el jefe de los servicios de inspección y licencias del distrito del Eixample, para quien el fiscal ha pedido prisión incondicional.
Con esta nueva línea abierta por la juez del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, la trama de corrupción policial para evitar redadas en clubes de alterne ha derivado en otra investigación sobre presuntas irregularidades en inspecciones y en la tramitación de licencias municipales a locales de ocio nocturno y hoteleros.
En esta nueva fase de la investigación, la juez ha ordenado la detención del jefe del servicio de inspección y licencias del Eixample y de un ingeniero industrial, Joaquin Q., y ha tomado declaración como imputados a una secretaria técnica del consistorio barcelonés, al socio propietario de una discoteca y al dueño de un hostal.
Tras las declaraciones, el fiscal ha pedido prisión incondicional para el jefe de servicio del Eixample por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho, aunque no se descarta que también pudiera estar implicado en una estafa.
El ministerio público ha pedido también prisión eludible con una fianza de 15.000 euros para el ingeniero industrial, acusado, entre otros, de un delito de cohecho.
Ambos imputados, para quien la juez ha decidido prolongar la detención hasta mañana para resolver su situación, estarían, presuntamente, conchabados de forma que el inspector utilizaba su cargo para forzar a los dueños de ocio u hoteleros a hacer una serie de reformas en sus locales, siempre contratando los servicios del citado ingeniero.
Mientras, la otra funcionaria del ayuntamiento, que trabaja como secretaria técnica del distrito del Eixample, María Teresa G., y el dueño de un local de ocio Carlos A. han quedado en libertad con cargos, ya que el fiscal no ha pedido ninguna medida cautelar contra ellos.
También ha quedado en libertad con cargos un propietario hotelero, a quien la juez ha imputado por haber pagado, supuestamente, al ingeniero para evitar inspecciones municipales en su local.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se ha referido hoy a la detención de este funcionario municipal y ha asegurado que se trata de un "caso aislado" y que, si se confirma su implicación en la trama, el consistorio se personará como acusación particular y se abrirán los expedientes administrativos pertinentes.
El revuelo en el consistorio barcelonés ha sido importante aunque Hereu ha asegurado que el ayuntamiento ha colaborado en todo momento con la policía, que sospechaba del técnico implicado en la trama de corrupción policial vinculada a los burdeles.
Un comunicado del ayuntamiento indica que el consistorio "había iniciado previamente una investigación a nivel interno sobre posibles irregularidades ante los indicios de una mala praxis en el ejercicio de las funciones del funcionario" detenido.
También expresa "la máxima colaboración con el juzgado, que ha comunicado al consistorio que las diligencias son secretas".
Corrupción policial, connivencia entre policías y propietarios de prostíbulos y cohecho y prostitución son algunos de los elementos que se entremezclan en este caso que instruye desde hace meses la juez del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que hasta ahora ha enviado a prisión a ex altos mandos de la policía y a empresarios de burdeles, además de abogados.
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