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Caamaño cree que la reforma del Congreso "no restringe" la jurisdicción universal sino que la hace "más eficaz"

1/07/2009 - 18:31

Dice que la averiguación del delito "no puede estar en manos de un juez que tiene que garantizar los derechos de los investigados"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cree que el acuerdo de la mayoría del Congreso para limitar la jurisdicción universal "no restringe" la actuación de la Justicia española en casos de lesa humanidad sino que "pretende convertir este instrumento fundamental de protección de la dignidad del ser humano en una herramienta más eficaz".

En una entrevista publicada en el último número del boletín de Jueces para la Democracia (JpD), recogida por Europa Press, Caamaño defiende la reforma, aprobada con los votos de PSOE, PP, PNV y CiU, y rechaza que pueda constituir un retroceso en la defensa de los derechos humanos o el proyecto de Ley de Asilo.

"No lo creo así --dice--. En primer lugar porque la cuestión concerniente a la jurisdicción universal ha sido algo muy debatido en otros estados democráticos y también en nuestro país, y de hecho han existido diversas propuestas de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Del mismo modo, recalca que la reforma "incorpora criterios jurisdiccionales que, como la regla de supletoriedad, ya habían sido utilizados por otros tribunales de justicia". "Hay ciudadanos que no comprenden que un juez español se ocupe de asuntos que ocurren en otros países y que no afectan a españoles, mientras que aquí, en nuestro país, existen muchísimos asuntos pendientes de resolución", apunta.

A juicio de Caamaño, "aquilatar la jurisdicción universal para que se ejerza de modo prudente es también una forma de consolidar la institución".

INSTRUCCIÓN PARA LOS FISCALES

Sobre la reivindicación de los fiscales de asumir la instrucción en detrimento de los jueces, el ministro de Justicia señala que "la investigación y averiguación del delito no puede estar en manos de un juez que al mismo tiempo tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas que son investigadas".

"Los riesgos de una instrucción general, de investigaciones llevadas a espaldas de los ciudadanos y de enormes periodos de instrucción (penas de banquillo) aconsejan diferenciar con mayor nitidez y claridad las funciones juzgadoras de las relativas al mantenimiento del principio acusatorio. Son tareas distintas que deben hacer sujetos distintos", dice.

En la entrevista el titular de Justicia también se muestra partidario de descentralizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si esta tarea permite que "la Administración de Justicia se aproxime a la realidad del Estado de las Autonomías". "No tengo ninguna duda al respecto", asevera.

En relación con el debate sobre la posibilidad de que los jueces se pongan en huelga, recalca que no existe una ley que recoja la posibilidad de que ejerzan este derecho, por lo que "difícilmente podrían" llevar a cabo esta protesta "legalmente". "Cabría pensar que este derecho reconocido constitucionalmente puede ejercerse sin que exista una ley, pero dados los términos de nuestra Constitución es una opción dudosamente defendible", afirma.

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