Declara ante el juez la directora de gabinete del ex presidente Matas

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Palma, 17 ago (EFE).- La directora de gabinete del ex presidente del Govern Jaume Matas, Dulce Linares, ha declarado hoy durante dos horas ante el juez Jaime García-Castro, instructor de la causa derivada de la "operación Espada" que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena.

Linares, que no ha hecho declaraciones ni a su llegada ni al salir de los Juzgados de Palma, ha comenzado a prestar declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 3 en torno a las 10.15 horas.

La funcionaria fue directora del Gabinete Técnico del presidente Matas durante la pasada legislatura, y ha sido la primera en declarar hoy ante el magistrado García-Castro, que también ha citado a dos contratistas de la obra del velódromo.

Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán dirigen las diligencias en la instrucción del llamado "caso Palma Arena" por presunta malversación de fondos, falsedad documental y cohecho en la construcción del velódromo mallorquín durante la pasada legislatura, una obra que había sido presupuestado en 48 millones de euros y costó más de cien.

El pasado día 8 de agosto, el juez dictó libertad bajo fianzas de entre 15.000 y 50.000 euros para cinco imputados en la causa entre los que se encuentran el ex director general de Deportes del Govern, José Luis "Pepote" Ballester, y el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés.

Los otros tres imputados que fueron detenidos el 5 de agosto y puestos en libertad el día 8 son el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán y ex presidente del consorcio del Palma Arena; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez.

El pasado viernes, García-Castro tomó declaración a los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz Guasp, responsables de la finalización de la construcción, ya para quienes el magistrado fijó una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros, por eventuales responsabilidades que se puedan derivar del proceso judicial.