El nuevo jefe del Poder Judicial iraní promete juzgar a quienes violen los derechos ciudadanos

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Teherán, 17 ago (EFE).- El nuevo jefe del Poder Judicial iraní, Sadeq Amoli Lariyani, prometió hoy juzgar a todos aquellos que violen los derechos de los ciudadanos.

En su discurso de toma de posesión, el clérigo admitió algunas deficiencias en el sistema de justicia y dio a entender que actuará con firmeza contra cualquiera que atente contra la ley, sea cual sea su cargo.

"A nadie se le permitirá violar los derechos de los ciudadanos. Aquellos que ignoren esto y violen los derechos de los ciudadanos deben saber que serán juzgados, tarde o temprano", dijo Lariyani, a quien cita la agencia oficial de noticias local, Irna.

El nuevo jefe del Poder Judicial, hermano del actual presidente del Parlamento, Ali Lariyani, insistió en que la Justicia es el pilar del sistema islámico en Irán y que su prioridad será mantener su cohesión.

"Todos nosotros somos responsables de la mejora del sistema. Nadie puede actuar en contra de la ley y violar los derechos de la nación", advirtió.

A la ceremonia, que también servía para despedir a su predecesor, Mahmud Hashemi Sahroudi, tras diez años de servicio, asistieron la mayor parte de las autoridades del país.

Entre ellas destacaba también la presencia del ex presidente Alí Akbar Hashemi Rafsanyani, quien advirtió de las consecuencias que pueden tener sentencias injustas.

"Si se dan veredictos justos, la sociedad tendrá una sensación de seguridad y nadie se sentirá abandonado en la defensa de sus derechos si son violados", advirtió Rafsanyani, presidente de la influyente Asamblea de Expertos, que entre otras atribuciones designa al líder supremo de la Revolución y vigila su liderazgo.

Pero si la nación siente que existen problemas con el tratamiento a los detenidos "la sociedad se hundirá en el caos", agregó el ex mandatario, a quien cita la televisión estatal PressTV.

Rafsanyani ha mostrado su simpatía por los candidatos derrotados en las elecciones presidenciales del pasado 12 de junio, que no han aceptado los resultados que permitieron la polémica reelección del actual presidente, el ultraconservador Mahmud Ahmadineyad.

Nada más conocerse la victoria de Ahmadineyad, cientos de miles de iraníes se lanzaron a las calles para protestar en contra de lo que consideraban un fraude.

En los disturbios posteriores murieron alrededor de una treintena de personas -según cifras oficiales- y cerca de 4.000 fueron arrestadas.

El clérigo y candidato derrotado Mehdi Karrubi ha denunciado abusos sexuales y malos tratos a los detenidos, acusación que ha sido negada por las autoridades.

En Irán se juzga en la actualidad a más de un centenar de personas a las que se les acusa de instigar los disturbios y de conspirar con Occidente para provocar lo que el régimen iraní denomina una "revolución de terciopelo".

Además, ha cerrado por orden del líder supremo de la Revolución, ayatolá Ali Jameneí, el centro de detención de Kahrizak, en el sur de Teherán, donde la Policía ha admitido violaciones a los derechos de los presos.