Llevar a juicio a torturadores de la dictadura divide al Gobierno brasileño

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Sao Paulo, 23 ago (EFE).- El enjuiciamiento a los torturadores de la dictadura militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985 divide al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con posiciones encontradas de dos de sus más importantes ministros, informó hoy la prensa local.

El ministro de Defensa y ex presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, contrario a una modificación de la Ley de Amnistía de 1979 para poder enjuiciar a los torturadores, manifestó hoy que la revocación de esa promulgación "no puede tener efecto retroactivo".

Jobim, en declaraciones publicadas por el diario Folha de Sao Paulo, señaló que los crímenes de la dictadura "ya están prescritos" y los tratados internacionales de derechos humanos que defienden abrir los procesos "no son superiores a la Constitución".

"Creo que la Ley de Amnistía resolvió un problema de la transición gradual para la regla civil y es una ley que se agotó en el sentido que cumplió su finalidad. Fue la forma política encontrada y era la condición establecida para la época. El amnistiado está amnistiado", apuntó Jobim, quien hace dos meses calificó la iniciativa de "revanchismo".

El STF, la máxima corte de Justicia del país, recibió un pedido de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), entidad que reglamenta el ejercicio de la profesión jurídica, para modificar la ley y abrir los procesos por tortura y violaciones sexuales de los opresores de la dictadura.

El sábado, el ministro de Justicia, Tarso Genro, afirmó en Río de Janeiro que todos los torturadores deben ir a los tribunales, porque su crimen es "imprescriptible" y está por fuera de las amnistías.

"Tortura es un crimen imprescriptible y sin amnistía. Juzgar esos casos no es revanchismo y sí un acto de justicia y respeto a los derechos humanos que representa la continuidad del proceso de democratización del país", manifestó Genro durante el acto de conmemoración de los treinta años de la Ley de Amnistía.

El juicio de los torturadores, consideró Genro, contribuirá a que "nunca más haya tortura en el país, sea contra los presos políticos o contra los presos comunes que todavía son torturados".

En 1979, durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, el Gobierno de turno proclamó la Ley de Amnistía que permitió el retorno a Brasil de cientos de brasileños que habían salido y pedido refugio como exiliados en otros países.

Cuando la ley fue aprobada, Brasil tenía 53 presos políticos en cárceles de siete estados, quienes estaban en huelga de hambre durante 33 días después de presentar una carta en la que denunciaban a 251 militares acusados de usar prácticas de tortura en 27 presidios.