Investigan a un ministro argentino por el presunto pago de sobreprecios de Skanska

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Buenos Aires, 29 ago (EFE).- La Justicia argentina comenzó a investigar al ministro de Planificación, Julio De Vido, en una causa por el presunto pago de sobreprecios al Estado por parte de la constructora sueca Skanska, informa hoy la prensa local.

El juez federal Norberto Oyarbide pidió al Gobierno que informe de todos los números telefónicos que usaron De Vido y sus colaboradores en esa cartera entre 2004 y 2006, destaca el diario Clarín de Buenos Aires.

El pedido del magistrado se produjo después de la declaración de un hombre que encabezaba una compañía que se encargaba de emitir facturas falsas con las que SKANSKA (SKAB.ES)disimulaba los pagos por la ampliación del Gasoducto del Norte durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).

En mayo pasado, Oyarbide ordenó un embargo sobre bienes de la constructora sueca por 17,3 millones de pesos (4,4 millones de dólares) para contar con los fondos suficientes en caso de que Skanska sea condenada en este caso.

El juez investiga además si el pago de los sobreprecios, calculados en un monto similar al del embargo, esconde también el de sobornos a funcionarios públicos.

Las obras de ampliación del gasoducto fueron dirigidas por Transportadora Gas del Norte (TGN), de capital argentino, francés y malayo, con la administración de la firma financiera estatal Nación Fideicomisos y la organización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación.

La investigación de este caso empezó a fines de 2006, cuando la casa matriz de Skanska admitió "irregularidades" en el pago de impuestos de su filial argentina, lo que dio lugar a un proceso por evasión tributaria y luego a otro por cobro de sobreprecios y presuntos sobornos.

La compañía sueca cesó de inmediato a directivos y empleados de su filial en Argentina y varios de ellos terminaron procesados por evasión tributaria, que fue cometida por medio de facturas de empresas fantasma.

Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires declaró la nulidad jurídica de grabaciones en las que dos ejecutivos de Skanska hablaban del pago de sobornos a funcionarios públicos.

En 2007, la difusión de esas grabaciones por la prensa obligaron al Gobierno de Kirchner a cesar a los directivos de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y del Enargas, Fulvio Madaro.