La Audiencia de Guadalajara devuelve el caso del incendio al juzgado de Sigüenza

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Guadalajara, 20 oct (EFE).- La Audiencia de Guadalajara ha decidido devolver al juzgado de Sigüenza el procedimiento judicial por el incendio ocurrido en esta provincia en 2005, en el que murieron once miembros de un retén, para que sea esta instancia la que determine si hay que tramitarlo por procedimiento abreviado o por sumario.

Según el auto de cinco folios al que ha tenido acceso EFE, el tribunal, por tanto, no resuelve, los recursos presentados por la veintena de imputados hasta que la instructora determine sobre el procedimiento a seguir, después de que el fiscal planteara un "conflicto de competencia" por entender que debía tramitarse como sumario.

La fiscalía de Guadalajara solo pide el procesamiento para uno de los veinte imputados por la jueza instructora, el excursionista que prendió la barbacoa, Marcelino H., por un presunto delito de incendio por imprudencia grave, con peligro para la vida e integración física de las personas.

Según los argumentos de la fiscalía alcarreña, como este delito lleva aparejada una condena de hasta diez años de cárcel, se ha de tramitar "necesariamente" por el procedimiento del sumario, lo que conllevaría que el caso se juzgara en la Audiencia Provincial y no en un juzgado de lo penal como establecía la jueza instructora en su auto de cierre de instrucción el pasado mes de mayo.

Así, de juzgarse en la Audiencia los eventuales recursos posteriores se tendrían que ver en el Tribunal Supremo.

En sus fundamentos jurídicos, el tribunal alcarreño -formado por Isabel Serrano Frías, María Ángeles Martínez Domínguez y Manuel Eduardo Regalado- indica que la solicitud de la fiscalía le compete resolverla al juzgado de instrucción, sin perjuicio de los recursos que contra la misma pudieran interponerse.

El pasado 20 de mayo, la jueza de Sigüenza dio por concluida la fase de instrucción y vio indicios de delito en veinte personas, entre ellas, la ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, y el que fuera director general del Medio Natural, José Ignacio Nicólás, entre otros cargos políticos.

Además, la jueza imputa en la causa a tres excursionistas, a siete técnicos de la Junta (seis de medio ambiente y uno del 112) y en el caso de éstos últimos les imputa, además de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, otro contra los derechos de los trabajadores y un tercero de homicidio por imprudencia.

La jueza también imputa por incendio forestal a Rafael Ruiz, que era director del parque natural del Alto Tajo; Sergio David González, que era delegado de Medio Ambiente en Guadalajara cuando ocurrieron los hechos, el 16 de julio de 2005 y José Luis Samper, que era alcalde de La Riba de Saelices (Guadalajara), localidad origen del suceso.

Están imputados por el mismo delito el que era alcalde de La Riba cuando se diseñó la barbacoa, Hipólito Sebastián; el secretario del Ayuntamiento, José Luis Huarte, así como responsables de Tragsa (empresa pública que coordinaba la extinción de los incendios en la comunidad) y de la empresa propietaria de los helicópteros.

Por su parte, la Junta de Comunidades solo pide que se juzgue a tres de los diez excursionistas que participaron en la barbacoa origen del incendio, mientras que la mayoría de las familias de las víctimas y el PP, que también se ha personado en la causa, pide las mayores penas (siete años de cárcel) para los siete técnicos de la Junta.

Tras conocer la resolución de la Audiencia, Esteban Mestre, letrado de los técnicos y de varios cargos políticos imputados por el incendio de Guadalajara, ha dicho a EFE que "duele" ver cómo se paraliza la causa por una "decisión equivocada" de la jueza de instrucción.

Por su parte, los abogados de la mayoría de las familias de las once víctimas del incendio consideran que la decisión de la Audiencia Provincial responde a "una diferencia de criterio" que no quieren entrar a valorar.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, ha lamentado los retrasos en el cierre de la instrucción del caso, que los ha atribuido a la juez de Sigüenza, al recordar que el PSOE ya advirtió de que no lo había resuelto bien.

Por su parte, el diputado regional y secretario del grupo parlamentario popular, Marcial Marín, ha manifestado hoy su "respeto solemne a las decisiones judiciales" y ha añadido que el PSOE "ha de abstenerse de meter presión" en el caso.