Los ocho detenidos han pasado la noche en dependencias de la Guardia Civil

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Barcelona, 28 oct (EFE).- Los ocho detenidos ayer en la operación anticorrupción urbanística realizada en Barcelona, entre los que se están el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y dos altos ex cargos de la Generalitat, han pasado la noche en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

El último detenido en ingresar en la sede de la Guardia Civil fue el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que lo hizo poco antes de las dos de la madrugada.

Muñoz llegó a Sant Andreu de la Barca procedente del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, a donde fue conducido por efectivos de la Guardia Civil para colaborar en la investigación y ayudar a recabar documentación.

El registro policial de varias dependencias del consistorio se inició sobre las diez de la mañana, y se prolongó durante casi quince horas.

La salida del alcalde se produjo poco antes de la una de la madrugada en medio de las protestas de un grupo de vecinos congregados ante la puerta que al salir le increparon llamándole "ladrón, corrupto, y chorizo".

Poco después de salir el alcalde, efectivos de la Guardia Civil salieron del edificio, que estaba rodeado por agentes del cuerpo, con varias cajas de documentación que se cargaron en una furgoneta.

Los detenidos son el ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra, el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.

En la operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, también han sido arrestados por la Guardia Civil el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García.

A estos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, y a todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.