La Comunidad de Madrid reclamará al Estado el coste de la justicia gratuita

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Madrid, 30 dic (EFE).- La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha anunciado hoy que la Comunidad de Madrid reclamará al Estado el coste de la justicia gratuita y aprobará en enero próximo un Decreto que restringirá el acceso a este servicio exclusivamente para las personas que demuestren su escasez de recursos.

"La Comunidad de Madrid no va a seguir un año más alimentando lo que consideramos que es un fraude y una desnaturalización de la justicia gratuita, que es para los madrileños y los extranjeros que no tienen medios", ha anunciado la presidenta, que ha valorado el coste de este servicio para la hacienda autonómica en cerca de 50 millones euros al año.

Por una parte, la Comunidad de Madrid va a pedir la reunión de la comisión mixta de transferencias "para que el vicepresidente del Gobierno, señor Chaves, arbitre una solución para el tema de las transferencias de Justicia", ha dicho aguirre.

Por otra, como ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el próximo mes de enero se aprobará un decreto que "modificará la ligereza con la que actualmente se proporciona la asistencia jurídica gratuita".

Quienes quieran la asistencia de un abogado de oficio deberán entonces justificar su insuficiencia de ingresos "en todos los ámbitos, para los españoles y para los extranjeros", ha precisado Granados.

Esperanza Aguirre ha esgrimido tres razones para que la Comunidad se niegue a seguir pagando este servicio sin la correspondiente aportación estatal, la primera de ellas la "confusión" que se ha venido produciendo entre la justicia gratuita y el turno de oficio.

La segunda es que "se nos obliga -ha indicado la presidenta- a asumir todas aquellas cuestiones que judicializa cualquier inmigrante que aterriza en Barajas", y ha puesto como ejemplo "a un sobrino de Bin Laden que probablemente tiene más dinero que todos los madrileños juntos".

Por último, Aguirre ha justificado sus quejas en que "la nueva legislación sobre tráfico hace que a cualquiera que haya conducido a gran velocidad o bebido se le pone un abogado de oficio y aunque este señor (iba a mencionar un nombre pero se lo ha callado) sea inmensamente rico, le tenemos que sufragar los madrileños la justicia gratuita".

La jefa del Gobierno madrileño ha puntualizado que no culpa a nadie de esta situación y que no tiene nada contra los abogados.

El decreto anunciado por Aguirre y Granados modificará también la situación actual en que cada recurso de un abogado de oficio tendrá que ir acompañado del correspondiente mandato de su cliente, "que en muchos casos ya no están en España", ha explicado el consejero.

Es lo que Granados ha resumido como "adecuar la justicia gratuita a lo que dice la ley".

Este anuncio se ha producido durante la presentación de los 24 órganos judiciales que hoy entran en funcionamiento en la Comunidad, que se ha producido en la nueva Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ubicada en un piso de la calle de Génova.

Del total de órganos que hoy entran en funcionamiento, 16 lo hacen en Madrid capital, entre ellos el juzgado de Primera Instancia número 96; los de lo Penal 31 y 32; el de lo Contencioso Administrativo 32; el de lo Social 40; el de Vigilancia Penitenciaria 6 y el Violencia sobre la Mujer número 11.

También en la ciudad de Madrid tienen su sede desde hoy cuatro magistrados para la nueva Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, otros cuatro en la sección 30 de lo Penal de la Audiencia Provincial y uno más en la sección 29 de esta Audiencia.

El resto son dos juzgados de Primera Instancia en Alcalá de Henares y en Móstoles; tres Primera Instancia e Instrucción en Navalcarnero, en Valdemoro y en Torrelaguna y tres de Violencia sobre la Mujer en Collado Villalba, en Coslada y en Torrejón de Ardoz.

Según datos de la Comunidad, Madrid es la segunda región, tras Valencia, con mayor número de asuntos ingresados, en concreto 1,3 millones, lo que supone que cada juez tiene que llevar una media de más de 2.300 asuntos.