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El ex delegado de Industria en Girona dice que la pirotecnia Brau cumplía la normativa

EFE
9/02/2010 - 19:16

Girona, 9 feb (EFE).- El delegado del Ministerio de Industria en Girona en 1993, Lluis Terradas, ha declarado hoy en el juicio contra los nueve acusados por la explosión de la pirotecnia Brau de Vidreres, hace 17 años, en la que murieron cuatro empleados, que las instalaciones de la empresa cumplían el reglamento de explosivos.

En el juicio que se sigue en la Audiencia de Girona están acusados los dueños de la pirotecnia, Rafael Brau y su esposa María Rosa Estrada; dos encargados de la fábrica, Manuel Borraz y Rafael Ríos, y un agente de la Guardia Civil que inspeccionaba el material.

En el banquillo de los acusados también se encuentran los dueños y representantes legales de empresas proveedoras de Brau y de su aseguradora: Mario Igual, Luis Casanovas, Joaquin E. Peñalver y Juan Vicente Jurado, este último, actualmente concejal de Alumbrado del Ayuntamiento de Valencia.

Lluis Terradas ha declarado que las instalaciones de la empresa cumplían los requisitos del reglamento de explosivos, pero que él no debía comprobar si el material era legal, o la seguridad de los empleados.

A pesar de que Terradas estuvo imputado en un primer momento, el juez le sobreseyó la imputación en el caso por considerar que no tenía capacidad de incidir en el resultado.

Terradas ha explicado que desde que tomó el cargo en comisión de servicio, a mediados de 1991, realizó cuatro inspecciones a la pirotecnia Brau de Vidreres, la última unos días antes de la explosión, y lo dio todo por correcto.

Según el entonces Delegado de Industria, en todas estas inspecciones se limitaba a comprobar que las variaciones o ampliaciones de la empresa cumplían los requisitos incluidos en los proyectos originales y la normativa del reglamento de explosivos vigente de 1978.

Terradas ha admitido que como no era su función, jamás abrió una caja para comprobar que el material que contenían estaba homologado o como se calificaba en la época, era "clandestino".

Las acusaciones particulares piden para cada uno de los nueve acusados, por homicidio imprudente, una pena de 5 años y 8 meses de cárcel más una indemnización global de más de 800.000 euros.

La fiscalía no acusa a ninguno de los procesados al considerar que no se ha podido determinar la causa de la explosión y, por tanto, no ve indicios de delito, mientras que las defensas reclaman la absolución de sus clientes.

Está previsto que en el juicio declaren unos 25 testigos, por lo que podría prolongarse hasta el 18 de febrero.

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