La justicia condena por segunda vez a las empresas responsables del viaje del Yak-42

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Zaragoza, 12 mar (EFE).- La justicia española ha condenado por segunda vez a las empresas Chapman Freeborn y la compañía aérea Ukrainian Mediterranean Airlines (UM Air) por su responsabilidad civil en el accidente aéreo que causó, el 26 de mayo de 2003, la muerte de 62 militares españoles, al estrellarse el avión en que viajaban cerca de la ciudad turca de Trebisonda

El Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ha condenado a las empresas a indemnizar con 6.125.000 euros a las familias de las víctimas, en una sentencia en la que sostiene que el siniestro fue causa de un fallo humano, fruto de una maniobra temeraria, y que el vuelo tenía carácter civil y no militar.

Esta es la segunda sentencia condenatoria para las empresas ya que el primer juicio, que se celebró en enero de 2006, fue anulado por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un defecto de forma en la convocatoria de los representantes de Chapman Freeborn, que no asistieron a la primera vista ni tampoco a la segunda

El error humano lo fundamenta la sentencia en "una maniobra desastrosa" del aparato y lo identifica así porque no se han podido conocer otras circunstancias de la operación, ya que las cajas negras del avión no funcionaron y no ha permitido "saber más", según ha dicho a Efe Eudald Vendrell, uno de los letrados de las familias.

Según este abogado, el fallo reconoce que es "absolutamente inconcebible e inexplicable" la forma en que se hizo la maniobra de aproximación al aeropuerto de Trebisonda, que califica de "temeraria", y descarta la incidencia, en la misma, de otros agentes, meteorológicos o de los controladores turcos.

Para este letrado, la sentencia es positiva porque declara la responsabilidad subsidiaria de Chapman y UM Air, las empresas que organizaron el viaje, ya que legalmente el avión no podía volar y actuaron con una negligencia grave.

"Jurídicamente, el conjunto de la sentencia es bueno", ha reiterado el abogado, quien ha reconocido, no obstante, que las indemnizaciones fijadas "están muy lejos" de los 63 millones que pidieron en el juicio, que se celebró el pasado mes de febrero en el juzgado de instrucción número dos de Zaragoza.

En la sentencia, de casi cien folios, el juzgado de instrucción establece que el vuelo era de carácter civil y no militar, como planteaban las empresas para eludir responsabilidades, un hecho que para los letrados también es relevante ya que les imputa toda la responsabilidad.

Javier Hernández, otro de los abogados de las víctimas que participó en el juicio, ha dicho a Efe que las indemnizaciones no son las que habían solicitado y que presumiblemente estudiarán si recurren el fallo.

Para este letrado, que junto a otros representó a los familiares en el juicio, la indemnización es "muy limitada" porque "no se ha tenido en cuenta el daño excesivo causado". En el primer juicio, se estableció una indemnización de unos diez millones de euros.

Los familiares de la víctimas han considerado positivo el fallo aunque también han lamentado las bajas indemnizaciones establecidas, por lo que no descartan presentar un recurso de apelación.

José Antonio García, hermano del capitán Santiago García, uno de los militares fallecidos, ha mostrado a Efe su satisfacción por la sentencia, porque "por segunda vez, se ha ganado el juicio" y se vuelve a dar la razón a los familiares por segunda vez.

En parecidos términos, se ha pronunciado Francisco Cardona, padre de uno de los militares fallecidos, quien ha dicho que la esperaban, aunque "probablemente se recurrirá" por "ridícula", en referencia a las indemnizaciones fijadas.

Cree que las empresas la recurrirán, porque "quieren dilatar en el tiempo todo el proceso", Cardona, pero la sentencia, "una repetición de un juicio anterior", "ha vuelto a demostrar, incluso con peritos nuevos aportados por las demandadas, que el vuelo era ilegal y que en ningún momento debió despegar".

La sentencia establece indemnizaciones de 60.000 euros para cada viudo o viuda o pareja de hecho, 31.000 por cada hijo, unos 9.000 para los padres de las víctimas y 3.000 para cada hermano.

El segundo juicio civil por el accidente del Yak-42 se celebró entre los días 1 y 4 de febrero en el juzgado de instrucción número dos de Zaragoza, en un ambiente de cierta tensión al considerar las familias "una tomadura de pelo" que, por segunda vez, no asistieran los representantes de Chapman.