Asociaciones de la Memoria Histórica han presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la causa por prevaricación seguida contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo, por su investigación de las desapariciones del franquismo, hasta que se les permita ser parte en este procedimiento.
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Asociaciones de la Memoria Histórica han presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la causa por prevaricación seguida contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo, por su investigación de las desapariciones del franquismo, hasta que se les permita ser parte en este procedimiento.
Persiguen poder recusar a los magistrados que admitieron a trámite esta causa criminal contra el juez Garzón, ya que consideran que están "contaminados" para entender de este asunto por sus manifestaciones en relación con la Ley de la Memoria Histórica.
En el escrito remitido hoy al Constitucional señalan que la continuación de esta causa sin su presencia puede causar "perjuicios irreparables" puesto que las personas en cuyo nombre actúan "se hallan directamente afectadas por la querella, ya que la misma está dirigida contra toda la investigación judicial en la que se instruye, por primera vez, los muy graves delitos de que son víctimas".
Firman la petición la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo) la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, Héroes de la República y de la Libertad, Associacio Cultural Memoria I Justicia D' Elx, la Asociación del Familiares de Fusilados y Desaparecidos a Raíz del Golpe Militar del 18 de Julio y Grup per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló.
SE AUTOINCULPAN
Recuerdan estas asociaciones que las resoluciones que adoptó el juez Garzón en la causa que abrió por los crímenes del franquismo se realizaron a petición de todas ellas, y que por ese motivo se autoinculparon ante el Supremo "como inductores y cooperadores necesarios" en el presunto delito de prevaricación investigado Supremo.
Sin embargo, en sendas providencias dictadas en junio del pasado año el Supremo denegó la personación de las asociaciones "sin otro fundamento que el de 'no perturbar', 'no hacer abuso de derecho' o, finalmente, 'carecer de legitimación para ser parte', sin explicar el motivo de ello".
El escrito da detallada cuenta de las personalidades del mundo jurídico, tanto nacional como internacional, que han venido apoyando las tesis de Garzón en los últimos meses, e insisten en que la causa abierta al magistrado "les incumbe como ciudadanos pero, ante todo, por las muchas circunstancias que, en su condición de víctimas, de ello se derivan, donde no dejan de sentir que les son increíblemente lesivas y comprobar que han devenido en una general y alarmante evidencia pública".
Por todo ello, estiman que procede suspender la tramitación de la causa hasta tanto no se resuelva su derecho a ser oídos y ejercitar acciones en la causa abierta a Garzón "para algo que es fundamental, si los magistrados que conocen sobre los procedimientos que se señalan (...) gozan de la suficiente imparcialidad y si hay corrección en las actuaciones".
SOBRE LAS LEYES DE AMNISTÍA.
Finalmente alegan que no consideran que los autores de los crímenes franquistas deban ser considerados amnistiados "no ya por si estos delitos son amnistiables o no, si no por algo tan simple como que la mera invocación genérica de la Ley de Amnistía de 1977 no resulta bastante, por si sola, ni para no investigar, ni tan siquiera para conceder a priori el beneficio, pues según el artículo 9 de esta ley, éste tiene que tener previo reconocimiento judicial y nominal, acerca de la persona beneficiada".
El recurso de amparo ante el Constitucional se ha presentado un día después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazara el recurso que interpuso Garzón contra el auto dictado el pasado mes de febrero por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricación, cometida en su investigación de las desapariciones durante el franquismo.
Esta resolución no entra en el fondo del asunto, es decir, en la decisión sobre si Garzón debe ser o no finalmente juzgado, sino que se limita a señalar que no hay motivos que invaliden los argumentos iniciales del instructor Varela, por lo que no cabe el archivo. La Sala argumenta que si realizara dicha función valorativa incurriría "en el perjuicio contaminante que el legislador busca evitar".

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