Es preciso el permiso del juez para pedir datos a una operadora

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Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo, según el Acuerdo, de 23 de febrero de 2010, adoptado en Pleno por la Sala de lo Penal. La industria reflexiona: ¿Se acaba con la piratería actuando contra el usuario?

De acuerdo con esta nueva doctrina, el Ministerio Fiscal precisará de esta autorización para obtener de los operadores los datos conservados que se especifican en el artículo 3 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Esta doctrina ha sido aplicada por el propio Tribunal en una reciente sentencia de 18 de marzo de 2010, en la que el ponente, el magistrado Soriano Soriano, afirma que si el Ministerio Fiscal precisa de la autorización judicial para que le sea desvelada la identidad de la persona adjudicataria de la direccción IP con la que operan los ciudadanos en Internet, desde la entrada en vigor de la ley de conservación de datos, es preciso seguir el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 23 de febrero de 2010.

La responsabilidad del fiscal

Con anterioridad a la vigencia de esta norma, señala la sentencia, es necesario tener en cuenta que el Fiscal tiene facultades de investigación paralelas a las del juez de instrucción en el Procedimiento Abreviado (arículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y salvo cuando se produzcan injerencias en los derechos fundamentales y la adopción de medidas cautelares posee las mismas atribuciones y responsabilidades que un juez.

Si el juez instructor no hubiera estimado pertinente adoptar la medida de entrada y registro los datos se archivarían, sin haber salido del ámbito de disponibilidad y reserva de la autoridad encargada de la investigación criminal (bien se trate del Fiscal o del Juez).

Finalmente, Soriano procede a anular la sentencia emitida sobre este caso por la Audiencia de Salamanca, que absolvía parcialmente a un pedófilo, al considerar que confunde el derecho al secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución Española -CE-), el derecho a la intimidad (artículo 18-1 de la CE) y la obligación de conservar secretos los datos informáticos personales (arttículo 18-4 de la CE) conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que deja exenta la petición del Fiscal en el ejercicio de sus funciones legales de investigación de los delitos.

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