Garzón.- La autorización del CGPJ permitiría al juez cobrar el sueldo base de la Audiencia Nacional y el del TPI

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El acuerdo alcanzado ayer por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se autoriza al juez Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones, a integrarse como colaborador externo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) permitiría al magistrado cobrar dos sueldos, informaron a Europa Press fuentes del Consejo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Si finalmente Garzón es contratado por el TPI (TPI.MC) el salario que se fije por sus funciones en esta Fiscalía se sumará al que mantiene como juez suspendido de manera cautelar y que se corresponde a su salario base, unos 1.800 euros netos mensuales. El sueldo de Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, con la suma de complementos, rondaría los 6.000 euros mensuales, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas.

A partir de ahora a los 1.800 euros que seguiría recibiendo como juez suspendido se añadirían los aproximadamente 9.000 euros mensuales que podría percibir en su nuevo puesto en La Haya.

Según las fuentes consultadas, el acuerdo alcanzado ayer por la Comisión Permanente --con el voto favorable de tres vocales, entre ellos el presidente, Carlos Dívar, y la oposición de dos-- se traduce en la práctica en una compatibilidad, como la que se le concede a los jueces que solicitan, por ejemplo, dar clases en la universidad.

Sin embargo, otras fuentes del CGPJ plantearon que esta situación podría generar algún problema de tipo fiscal a Garzón, ya que la compatibilidad exige que el salario por el segundo contrato autorizado no supere un porcentaje estipulado y en este caso no se ha elaborado un expediente de manera formal.

SIN PRECEDENTES

Las fuentes consultadas reconocieron que nunca se había dado una situación similar a la de Garzón, como tampoco existen precedentes de un juez que acumule tres causas abiertas en el Tribunal Supremo.

El máximo órgano de gobierno de los jueces autorizó a Garzón a marcharse a La Haya, al entender que no hay "razones legales que impidan la contratación", pero no le concedió la situación de servicios especiales que había solicitado el magistrado. Tras informar del acuerdo, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, no respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya.

Garzón pidió permiso al CGPJ para trasladarse a La Haya un día antes de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela dictara el auto de apertura de juicio oral que le sentará en el banquillo por sus investigaciones del franquismo. Esta decisión del juez del Supremo llevó al CGPJ a convocar un Pleno extraordinario, en el que sus 21 miembros decidieron por unanimidad suspender cautelarmente a Garzón de sus funciones hasta que se resuelva esta causa.

La suspensión impidió que se le pudieran conceder servicios especiales, ya que un juez no puede encontrarse en dos situaciones administrativas al mismo tiempo. La declaración que pedía Garzón le hubiera permitido también mantener su plaza en la Audiencia Nacional, pero hubiera implicado que dejaba de cobrar el sueldo de este tribunal.

Con la situación actual, Garzón también mantiene su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que no saldrá a concurso. El Consejo General del Poder Judicial deberá nombrar a un sustituto, mientras el juez decano Santiago Pedraz continúa asumiendo las causas que Garzón ha dejado pendientes.