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Abre diligencias previas para aclarar la competencia de la Audiencia Nacional
Abre diligencias previas para aclarar la competencia de la Audiencia Nacional
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a Turquía, Israel y al Tribunal Penal Internacional (TPI (TPI.MC) si han abierto alguna investigación sobre el ataque contra la denominada 'Flotilla de la Libertad', ocurrido el pasado 31 de mayo en aguas internacionales, antes de decidir si admite a trámite o no la querella presentada por tres activistas españoles contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar por un supuesto delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha abierto diligencias previas sobre este asunto con el envío de sendas comisiones rogatorias a Turquía e Israel y la petición de información al TPI. Además, se ha dirigido a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional sobre estos hechos y ha pedido también a la ONU que le envíe un informe sobre la comisión internacional creada para investigar el asalto al convoy que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
En el auto de apertura de diligencias previas, el magistrado considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", aunque advierte de que sería "prematuro" aventurar en este momento "una calificación indiciaria definitiva". Así, antes de pronunciarse de manera definitiva sobre este extremo, así como sobre la admisión o no de la querella, ha ordenado la realización de determinadas actuaciones que determinen si la Audiencia Nacional tiene competencia para abrir una investigación del ataque.
Tras las últimas modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre la jurisdicción universal, los tribunales españoles sólo tienen competencia sobre hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras cuando haya víctimas españolas y siempre que no haya una investigación en marcha en el país donde tuviera lugar el supuesto delito o por parte de un tribunal internacional.
INFORME DEL FISCAL
Así, en primer lugar, Ruz ordena que se recabe información del Ministerio Fiscal sobre la competencia de la Audiencia Nacional en estos hechos y la concurrencia en los mismos de los elementos que, según la LOPJ, permiten a un tribunal español conocer de delitos ocurridos en el exterior.
Además, ha cursado una comisión rogatoria a los Estados de Israel y Turquía para que informen a su juzgado sobre la existencia, bajo su jurisdicción, de "procedimiento alguno que suponga una investigación y persecución efectiva de los hechos objeto de las presentes actuaciones. A las autoridades turcas se dirige por ser el país de pabellón del buque Mavi Marmara, donde se desarrollaron parcialmente los hechos objeto de las querellas y porque ocho de las nueve víctimas mortales eran nacionales suyos; mientras que en el caso de Israel se justifica "por haberse iniciado, aparentemente, los hechos en su territorio y ostentar nacionalidad israelí todos los querellados".
Igualmente, ha dirigido una comunicación al Tribunal Penal Internacional, y a la Fiscalía adscrita al mismo, para que aclaren si han iniciado algún procedimiento en relación a estos hechos, a pesar de que ni Israel ni Turquía reconocen su competencia.
Finalmente, y dado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha creado una misión internacional independiente para investigar el asalto al convoy humanitario, que tiene previsto presentar sus conclusiones el próximo mes de septiembre, ha enviado una comunicación al presidente del Consejo, Sihasak Phuangketkeow para que le traslade el resultado de la investigación y le haga llegar una copia de los informes que se presenten una vez finalice la misión.
Los tres activistas españoles que viajaban en el convoy, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, como acusación particular, y las asociaciones Cultura, Paz y Solidaridad y Comité de solidaridad con la causa árabe, como acusaciones populares, consideraron que los hechos denunciados, además de un delito de lesa humanidad, pueden ser también constitutivos de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, concretado en maltrato, puesta en peligro de la vida, torturas y otros tratos inhumanos y utilización de medios de combate prohibidos o desproporcionados.
En su querella, solicitaban al juez que tome declaración a los querellados. En concreto, son, además del jefe del Ejecutivo israelí, sus ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
En concreto, los tres españoles denunciarion que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, todo ello al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material".
La querella contiene un relato pormenorizado de los hechos desde que, el pasado mes de mayo, los tres activistas partieron en la embarcación Mavi Mármara desde Turquía, "previos exhaustivos controles de seguridad portuarios, que incluían registros personales y de las pertenencias" hacia Gaza. El día 31 de mayo el Ejército israelí "abordó violentamente" los seis barcos de la denominada 'Flotilla de la Libertad' que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria.
La actuación del Ejercito israelí se saldó con nueve activistas fallecidos en la embarcación Mavi Mámara, 38 heridos y otros tantos desaparecidos. Asimismo, se detuvo y trasladó por la fuerza al resto de pasajeros hasta el puerto de Ashdot, en territorio israelí, más tarde fueron encarcelados en la prisión de Beer Shiva para luego ser deportados y expulsados desde el aeropuerto de Ben Gurión con destino a Estambul, tal y como planearon siete ministros israelíes, que "días antes de producirse los abordajes y la masacre", se reunieron y "planificaron la operación y dieron la orden para dar el ataque", según los querellantes.

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