Abogados piden la absolución de acusados en juicio visto para sentencia

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Alicante, 13 feb (EFECOM).- Los letrados de la ex sudirectora de la Caja de Crédito de Alcoy, Mercedes Llopis Candela, y de los miembros del consejo rector juzgados por la quiebra fraudulenta de la entidad han pedido hoy la absolución de sus clientes porque, según alegaron, no concedieron préstamos y desconocían la situación de la Caja.

El juicio ha quedado visto para sentencia durante la undécima sesión celebrada en la Audiencia de Alicante, en la que el ex director de la Caja, Jesús Llopis Ferrer, ha reiterado su "profesionalidad" al frente de la misma y ha acusado al Banco de España de querer cerrar la entidad.

Por su parte, el abogado de Mercedes Llopis Candela, Marcos García Montes, ha precisado que su cliente no gestionó los préstamos, sino que firmó alguno por orden del ex director general, mientras que los letrados de los miembros del consejo han reiterado que sólo ratificaban operaciones ya ejecutadas por éste.

La quiebra fraudulenta de la Caja afectó a más de 1.500 ahorradores por un montante de 3,7 millones de euros.

El fiscal pide seis años de prisión para cinco de los acusados por un delito de insolvencia punible, y la acusación particular solicita seis años de cárcel por el mismo delito para los diez acusados y un año para cuatro de ellos por apropiación indebida.

En su informe oral, García Montes ha acusado a los síndicos apoderados de la quiebra de la existencia de doble contabilidad: una oficial de la Sindicatura y otra de la asociación de afectados que "cobran al margen".

Los letrados de los miembros del consejo rector procesados han coincidido en resaltar que no intervinieron en la concesión de préstamos, que carecían de cualificación financiera y que desconocían la situación de la Caja porque en las juntas se les decía que "todo iba bien".

En concreto, el abogado Jorge Blanes, defensor de Miguel Rodríguez, Silvio Cortés y Juan García, ha destacado que sus clientes entraron a formar parte del consejo en 1991 y 1992, por lo que no se les puede responsabilizar de los hechos anteriores.

Se ha referido a la argumentación del fiscal y la acusación particular sobre la existencia de libros no legalizados y ha dicho que, de ser así, "no se habría admitido la suspensión de pagos".

La letrada de Jorge Rodríguez y José Belda, Lucina Rodríguez, ha resaltado la vulneración del principio acusatorio respecto a sus clientes porque, ha indicado, desconocía "el delito o grado de participación imputado".

Sobre la participación de Miguel Rodríguez y Angel Lidiano Llopis en la operación de venta supuestamente irregular de unos terrenos conocida como Tarrac-Proaltea, por la que les acusa el fiscal, sus abogados han apuntado que fue una operación "clara y transparente".

Todas las defensas de los acusados han solicitado la aplicación de la atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas y la prescripción de los delitos por la demora del proceso. EFECOM

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