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Nicaragua negocia la compra del 16% de acciones de Fenosa

AFP
14/04/2008 - 20:59

El gobierno de Nicaragua negocia la compra de 16% de las acciones de la filial de la empresa española de electricidad Unión Fenosa, a cambio de una deuda de 10,2 millones de dólares de la transnacional, informó este lunes una fuente oficial.

El acuerdo se cerraría en una semana con la firma de un memorando de entendimiento entre los representantes de Fenosa y una comisión del gobierno nicaragüense, declaró el ministro de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua, Emilio Rappacciolli, a la oficialista Radio YA.

Explicó que el traspaso de las acciones se hará efectivo después de que el documento sea revisado y aprobado por el presidente Daniel Ortega, quien tiene la potestad de "hacer algunos ajustes", y después ratificado por el Congreso.

Como "propietario del 16%" de las acciones de Fenosa, Nicaragua tendrá derecho a designar un representante ante la junta directiva de la empresa, en la que espera "tener una incidencia fuerte" sobre su funcionamiento, indicó, adelantando que una de las prioridades del gobierno será promover planes de expansión para que la electricidad llegue a un 45% de la población nicaragüense que aún no tiene el servicio.

El interés por las acciones de Fenosa fue anunciado el jueves pasado por el presidente Ortega durante un acto público, en el cual admitió que los españoles estaban renuentes a concederles participación en la compañía.

Fenosa adquirió hace ocho años la administración de las empresas de distribución y comercialización de electricidad del Estado nicaragüense, por un período de 30 años.

La empresa ha sido blanco de numerosos cuestionamientos a causa de su mal servicio, altas tarifas e incumplimiento de planes de inversión acordados en el contrato de adjudicación, que llevaron en el 2006 a Nicaragua a solicitar un proceso de arbitraje, un mecanismo acordado legalmente por las partes para resolver diferencias y rescindir eventualmente el contrato.

Fenosa, sin embargo, advirtió de que la suspensión de la licencia obligaría a Nicaragua a pagar un millonario seguro contratado con una agencia internacional, que obligó al Estado a reconsiderar su posición y negociar otra salida al conflicto.

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