Un buque carguero de Brasil partió el miércoles hacia Gran Bretaña para devolver 1.477 toneladas de basura llegada irregularmente a puertos brasileños, cumpliendo así una orden judicial, confirmó el Instituto de Medio Ambiente (IBAMA).
El navío MSC Oriane dejó el puerto de Santos (litoral a 72 km de Sao Paulo) hacia el puerto de Felixstowe con 81 contenedores de basura exportada desde Gran Bretaña a fines de 2008 y en 2009 usando declaración falsa, registrada como plásticos y residuos para reciclaje.
La basura fue descubierta en junio por la Policía Federal (PF) y el IBAMA en el puerto de Santos y en Rio Grande do Sul (sur), donde aún esperan otras 150 toneladas, según el IBAMA. El gobierno exigió entonces su devolución además de emitir duras críticas contra autoridades británicas señalando que Brasil no es "basurero" de los países desarrollados.
Los residuos incluían envases, partes de aparatos electrónicos, pañales descartables, baterías, restos de alimentos, jeringas, preservativos, galones de productos químicos, DVD averiados y otros materiales cuyo transporte es prohibido por la Convención de Basilea (1992), ante la cual Brasil hizo la denuncia.
En Santos se descubrieron unas 970 toneladas de basura, en tanto en Rio Grande do Sul había 740 toneladas, muchas con larvas y en descomposición, según técnicos.
El barco, de la empresa Mediterranean Shipping de Brasil Ltda., debía salir antes desde Santos, pero el domingo se retrasó por mal tiempo cuando recogía 40 contenedores de basura descargada en Rio Grande do Sul. La justicia había dado un plazo de cuatro días que venció en la noche del martes.
Este incidente llevó al gobierno de Gran Bretaña a abrir una investigación sobre participación de compañías nacionales en el envío de basura doméstica a Brasil. A fines de julio tres personas fueron detenidas pero luego liberadas bajo fianza.
Las autoridades brasileñas dispusieron la devolución y además aplicaron a las empresas importadora y transportadora multas de casi 225.000 dólares. La Convención de Basilea controla el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y prohíbe la transferencia entre países. Su objetivo es prohibir, en particular, el envío de esos residuos hacia naciones en desarrollo.
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