Ecuador incauta televisiones y cierra una radio entre polémica

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La Constituyente de Ecuador dio el jueves un espaldarazo a la incautación de bienes de ex banqueros al aprobar un mandato que impide a los jueces impugnar los embargos ordenados por el Estado, entre ellos los de tres cadenas de televisión, y dispone que continúen las expropiaciones.

La Constituyente con plenos poderes, que desde noviembre redacta la nueva Carta Política, aprobó con el voto de la mayoría oficialista la resolución que respalda el embargo de unos 200 bienes de la familia Isaías, acusada de malversación durante la quiebra de un banco en 1998.

Asimismo advirtió a los jueces, bajo pena de destitución, de que no aceptarán los derechos de amparo contra la medida que transfirió temporalmente al Estado el control de esas propiedades, incluidos los canales TC Televisión, Gamavisión y Cablevisión. "Los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla y cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución", señala el mandato.

También establece que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que dispuso las expropiaciones contra los Isaías para recuperar unos 661 millones de dólares, deberá aplicar la ley sin excepción a todos los administradores y accionistas de bancos que quebraron y pasaron a control estatal.

"Si tengo que dictar más incautaciones las dictaré", declaró a su vez el gerente de la AGD, Carlos Bravo, quien enfatizó que "hay diez bancos en liquidación en este momento; no se trata de hacer señalamientos específicos, a todos se los tratará por igual".

El funcionario sostuvo que el mandato de la Constituyente "es una garantía adicional" a su trabajo y añadió que "hemos procedido de conformidad con la ley, no nos hemos salido un milímetro de lo que nos manda la ley".

Dijo que "he dispuesto la incautación de cerca de 200 empresas del grupo Isaías; los canales de televisión y (otros) medios de comunicación son un mínimo porcentaje de eso".

Pero Jaime Nebot, alcalde del puerto de Guayaquil (suroeste y considerado bastión de la oposición), cuestionó el mandato constituyente al sostener que "hasta los condenados a muerte en el sistema jurídico mundial tienen derecho a defenderse". "Si esas empresas se dice que son del Estado, cómo es que los nuevos administradores no van a responder por la administración de esas empresas", agregó.

Los abogados de los Isaías, que rechazaron como improcedente la incautación, se mostraron sorprendidos por el mandato y advirtieron de que se trata de una "monstruosidad". "Estamos hablando de una violación de los principios jurídicos que rigen en la sociedad universal, ya que no se puede legislar con carácter personal ni tampoco la Asamblea tenía atribuciones para ello", replicó José Guerrero, uno de los juristas que llevan el caso.

Asimismo Jaime Damerval, abogado de TC Televisión, impelió a la justicia a desconocer lo resuelto por la Constituyente y aceptar un recurso de amparo a favor de ese medio, aduciendo que el mandato sólo entraría en vigor si es aprobado en el referendo de septiembre junto con la nueva Carta Magna.

Entretanto, el ministro de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante, declaró que las incautaciones de los bienes de los Isaías "es parte de la lucha contra la delincuencia". "La derecha trata de confundirnos diciendo que el problema de la delincuencia se reduce al pobre desarrapado, mal encarado (...) pero mucho más grande es el peligro que representan esas clases o élites dominantes gansteriles que se han llevado en hombros el país", manifestó.