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Los militares se defienden de las acusaciones y Zelaya señala al fiscal general

EFE
7/01/2010 - 21:22

Tegucigalpa, 7 ene (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Honduras, Romeo Vásquez, defendió hoy la actuación de los militares "en el marco de la Constitución y las leyes", tras la decisión de la Fiscalía de pedir un proceso judicial contra la cúpula castrense por la expulsión del país en junio pasado del presidente Manuel Zelaya.

Por su parte, Zelaya dijo que el fiscal general, Luis Rubí, tiene "igual o más responsabilidad" que los militares en el golpe de Estado que lo derrocó el 28 de junio, después de que el Ministerio Público (MP) acusara ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Junta de Comandantes por abuso de autoridad y expatriación.

La Fiscalía pidió, además, que el juez especial que designe el tribunal supremo para conocer de este caso ordene la captura de los seis oficiales que integran la cúpula castrense.

Vásquez aseguró hoy a medios locales que los militares siempre actúan "en el marco de la Constitución y las leyes", pero evadió explicar el porqué se expulsó a Zelaya del país el mismo día de su derrocamiento.

Esa explicación se dará "a través de la defensa" ante la justicia, subrayó el oficial.

"Tratamos siempre de enmarcarnos dentro de la ley y, por lo tanto, ayer que nos reunimos con la Junta de Comandantes decidimos también que tenemos que someternos a la ley y nosotros sí nos vamos a someter" al proceso, indicó.

"Nos pueden acusar de muchas cosas, pero nosotros sabemos que somos inocentes y que al final la verdad siempre sale a relucir", añadió.

Zelaya aseguró hoy en un comunicado que el MP, en complicidad con ellos, busca dar "impunidad" a los militares.

"Utilizando un truco, una nueva estratagema, el fiscal del Estado, que tiene igual o más responsabilidad que los propios militares, presenta acusaciones de compadre para lograr la impunidad de los militares al acusarlos de delitos menores, abuso de autoridad y no por los delitos graves que han cometido", apuntó.

Según el mandatario depuesto, quien se refugia en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras su regreso clandestino al país el 21 de septiembre pasado, los militares también incurrieron en traición a la patria, asesinatos, violaciones a los derechos humanos y torturas al pueblo hondureño.

Un de los abogados de los militares, Juan Carlos Sánchez, que fue notificado hoy de la acción del MP, dijo a los periodistas que la defensa esperará a que el tribunal supremo designe al juez especial para que los acusados se presenten a declarar.

"Nos sorprende que la Fiscalía haya solicitado orden de captura" contra los militares porque "en el momento procesal oportuno", durante las investigaciones del MP, "se le hizo del conocimiento la intención de nuestros representados para aclarar y someterse a la majestad de la ley", afirmó.

Un asesor del MP, Rigoberto Espinal, aseguró a Radio América que la acción contra los militares es producto de un proceso que se inició el mismo día del derrocamiento de Zelaya y no es algo "de última hora" para protegerlos.

"Desde que ocurrieron los hechos del 28 de junio de 2009 (...) se abrió el expediente correspondiente, se siguió la investigación, había que documentarla, obtener informes y determinar cómo o por qué se había producido el extrañamiento (la expulsión del país) de un hondureño", lo que es prohibido por la Constitución, expresó.

Medios locales especulan hoy con la posibilidad de que el proceso contra la cúpula castrense busque cumplir con los requisitos para que puedan gozar de la eventual amnistía política que el Congreso, de acuerdo con fuentes legislativas, prevé discutir la próxima semana.

Espinal dijo que "si el requerimiento presentado por el fiscal general queda comprendido en una amnistía, eso lo va a determinar el órgano jurisdiccional y (también depende de) si los imputados se acogen a dicho decreto".

El ministro de Gobernación, Óscar Matute, aseveró a periodistas que con la amnistía política "no se trata de favorecer a una u otra persona", sino que "es general", y consideró que el MP cumple con "su deber institucional" al acusar a los militares.

Sin embargo, "se ha actuado por parte de nuestros generales con absoluta y total prudencia, sensatez y serenidad en circunstancias que en otros países ha habido derramamiento de sangre", afirmó. EFE

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