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La Sindicatura fiscalizará también a los ayuntamientos y los partidos

EFE
9/02/2010 - 17:46

Barcelona, 9 feb (EFE).- El gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley para la reforma de la Sindicatura de Cuentas, que tiene como objetivo reforzar a este organismo para aumentar el control de las administraciones, incluidas las municipales, y también para fiscalizar por primera vez a los partidos.

El conseller de Economía, Antoni Castells, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, que 26 años después de haberse aprobado la Ley de la Sindicatura, era necesaria una reforma para "poner al día" este organismo, que servirá sobre todo para incrementar sus atribuciones fiscalizadoras con respecto a las cuentas municipales y también las de los partidos políticos.

Sobre esto último, la Sindicatura se convertirá en el primer organismo de ámbito autonómico que supervisará la contabilidad de los partidos, federaciones y agrupaciones de electores, para lo cual se coordinará con el Tribunal de Cuentas, que hasta ahora era la única autoridad que los fiscalizaba.

Con respecto a los ayuntamientos, una vez aprobada la ley por el Parlament, los consistorios catalanes estarán obligados a presentar a la Sindicatura su cuenta anual y la auditoría de su sector público en el caso de que dispongan de él, y si incumplen esta obligación, la Generalitat podrá retener las subvenciones que reciban, a instancias de la propia Sindicatura.

No habrá sanciones a los consistorios pero, según Castells, la retención de subvenciones y transferencias representa una medida correctora "muy potente" que la Generalitat espera no tener que aplicar muy a menudo salvo que se incumpla la ley.

La fiscalización de ayuntamientos y partidos forma parte de las medidas que el Govern anunció que aprobaría a raíz de la aparición de casos de corrupción en los que se han visto envueltos ayuntamientos como el de Santa Coloma de Gramenet (Caso Pretoria) y también de desvío de fondos públicos a partidos en el Caso Palau de la Música.

Entre las nuevas funciones que tiene encomendadas la Sindicatura, el conseller Castells ha destacado el "control de la buena gestión financiera" de instituciones y empresas públicas, lo que supone supervisar el grado de "eficacia, eficiencia y cumplimiento de los objetivos presupuestarios".

La ley mantiene la estructura y el sistema de funcionamiento actuales de la Sindicatura, así como el número de síndicos y el mandato de seis años, pero en cambio impide que puedan renovar mandato más de una vez, y endurece el régimen de incompatibilidades.

También se modifica el sistema de elección del síndico mayor para evitar situaciones como la producida hace siete años, cuando la Sindicatura quedó bloqueada bastante tiempo ante la imposibilidad de llevar a cabo esta designación.

La tramitación del proyecto de ley de reforma de la Sindicatura coincidirá con el proceso de renovación de cuatro de los siete miembros, cuyo mandato expira a finales de este mes.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, los grupos han pactado el 2 de marzo como fecha límite para presentar candidatos a síndico, una vez finalizado el mandato de Joan Colom, Agustí Colom, Ernest Sena y Alexandre Pedrós, y el objetivo inicial es que la renovación parcial de la Sindicatura se pueda votar en el pleno del Parlament del 10 de marzo.

El conseller de Economía no ha aclarado en la rueda de prensa si el actual síndico mayor, Joan Colom, puede renovar mandato o no, y ha remitido esta cuestión al pacto que tendrán que alcanzar los grupos parlamentarios, habida cuenta de que la elección de síndicos tiene que ser aprobada por una mayoría cualificada de tres quintas partes de la cámara.

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