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El TC levanta la suspensión de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano

23/06/2008 - 15:21

Considera que no se ha concretado la gravedad de los perjuicios alegados por el Abogado del Estado para mantener esta medida

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado levantar la suspensión de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que decidió el pasado mes de abril tras admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno sobre esta norma, la primera del nuevo Estatuto de autonomía que desarrolla el derecho civil foral, al considerar que, con independencia del juicio de fondo que merezcan finalmente los preceptos impugnados durante el proceso, no se ha concretado ni acreditado la gravedad de los perjuicios alegados por el Abogado del Estado para mantener esta medida.

La decisión se ha adoptado por el pleno del TC con el voto particular formulado por el magistrado Javier Delgado Barrio, --al que se adhirió Jorge Rodríguez-Zapata--, quien considera que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno ocho meses después de la publicación de la ley impugnada era extemporáneo al dirigirse contra la totalidad de la normativa y "desbordar" por tanto el ámbito propio de las "discrepancias" que existían sobre 11 artículos de la norma, que fueron los que se presentaron ante la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat Valenciana.

El Tribunal Constitucional admitió el pasado 17 de abril a trámite el recurso formulado por el Gobierno central contra la ley de Régimen Económico Matrimonial, lo que implicaba la suspensión de norma, que iba a entrar en vigor el 25 de abril. El Tribunal Constitucional disponía de un plazo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión de la ley, que el Ejecutivo central consideraba que pretendía adoptar un modelo diferente del derecho civil que rige en el conjunto del país en cuestiones referidas a la regulación de la carta de nupcias, aspectos de la separación de bienes y la regulación de las donaciones matrimoniales, entre otros.

La Generalitat pidió el levantamiento de la suspensión, sin que transcurrieran los cinco meses de plazo constitucionalmente previstos, por el "propio carácter excepcional" de esta medida y por la presunción de legitimidad de la que gozan las normas con fuerza de ley. En este sentido, alegaba que con la "única excepción" de los 11 preceptos contemplados en la Comisión Bilateral, el recurso del Gobierno era "extemporáneo" por lo que, en todo caso, esa suspensión sólo afectaría a ese número de artículos y reclamaba la apertura de un trámite de audiencia para decidir sobre la inadmisión parcial del recurso por este mismo motivo.

En esta línea, sostenía que se había producido una "evidente desviación procesal" cuya consecuencia fue la suspensión de la vigencia de toda la norma, "lo que nunca debiera haber ocurrido". y por otro lado añadió que el recurso cuestionaba, sin que se hubiera hecho en la negociación previa, "la propia competencia autonómica para legislar sobre esta materia, obviando la modificación del Estatuto de Auotnomía".

Además, señalaba que el carácter dispositivo de la mayor parte de los preceptos de esta ley permitía "con cierta facilidad" el restablecimiento de las situaciones jurídicas en la hipótesis de que una sentencia las anulara y consideraba que el mantenimiento de la suspensión entraría en "contravención con la presunción de constitucionalidad" de la que debe gozar una norma autonómica.

Junto a este agrumento, aseguraba que la ley de Régimen Jurídico parte del principio de igualdad "y de la más absoluta libertad civil entre las partes", sin que en ningún caso pudiera perjudicar los derechos adquiridos por terceros.

Por su parte, el Abogado del Estado reclamó el mantenimiento de la suspensión de la ley al alegar que de esta forma no existía perjuicio para intereses públicos y privados mientras que si se levantaba la medida, se permitiría a la Comunitat "continuar con un proceso de codificación del Derecho civil tendente al establecimiento de un sistema jurídico civil completo y autónomo".

Para el Gobierno, levantar la suspensión de la ley "determinaría la aplicación de una normativa dictada sin cobertura competencial alguna, que pretende recuperar unos fueros valencianos derogados en el siglo XVIII con total desconexión del derecho foral vigente, ya sea complilado o consuetudinario y en frontal oposición a la doctrina" del TC.

Además, indicaba que esta legislación es "notariamente menos protectora de la parte económicamente más débil del matrimonio que la tradicional normativa del Código Civil", por lo que sostenía que su entrada en vigor supondría la aplicación a los matrimonios de un régimen desprotector del interés "más digno de tutela".

Las Corts Valencianes, por su parte, consideraban que el levantamiento de la suspensión era procedente por la presunción de legitimidad de la que gozan las normas en virtud de su origen "sin que la misma suponga quebranto alguno del principio de seguridad jurídica" y alegaba que esta ley responde a una "demanda de los ciudadanos" y se ajusta a "la realidad sociológica" de la autonomía sin que su aplicación pueda producir "perjuicios irreparables" porque tiene "carácter dispositivo".

SIN DISCUSIÓN SOBRE EL FONDO.

En su resolución, el TC sostiene que en este momento procesal lo que se discute no deben ser las cuestiones procesales o relativas a la delimitación de competencias entre Estado y la Comunitat Valenciana en materia de derecho civil dino determinar si la aplicación de la norma puede provocar perjuicios de imposible reparación. El alto tribunal subraya que la prolongación de la suspensión es una medida que se debe tomar con "carácter excepcional" para evitar un "indebido bloqueo" del ejercicio de sus competencias por parte de las comunidades autónomas.

El pleno del TC indica que debe ser el Abogado del Estado quien justifique que el levantamiento de la medida lesionaría intereses generales o de terceros y señala que en este caso no se aprecia que pueda provocar un "daño o perjuicio especial de la seguridad jurídica" y considera que no es "suficiente" su invocación por el Abogado del Estado para "aconsejar el mantemiento de la suspensión" hasta que haya un pronunciamiento sobre el fondo de la norma.

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