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Los afectados por la venta de pisos del Ivima celebran que se haga "justicia"

EFE
12/09/2018 - 19:29

Madrid, 12 sep (EFE).- Los afectados por la venta de viviendas del Ivima a fondos buitre han celebrado hoy que trate de hacerse "justicia" para las 3.000 familias damnificadas por la operación, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto.

En un comunicado, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) reclaman al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que retire el recurso a la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 29 de Madrid que anula la venta de las 2.935 viviendas sociales en alquiler a un fondo de inversión en 2013.

"No basta solo con lamentarse con lo que han hecho anteriores gobiernos de su partido sino que es necesario corregir errores tan sangrantes como la operación de venta", critican.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), vendió 1.860 viviendas del mismo tipo en 2012, y desde la Fravm confían en que el Estado "apoye también la batalla de las víctimas de otras operaciones similares".

Cinco años después de la operación, muchas familias abandonaron las viviendas sociales "al no poder asumir las condiciones derivadas de la operación", según indican, como la pérdida de las ayudas al alquiler consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda, o también por "el abandono de los edificios por parte de Encasa Cibeles", la filial de Goldman Sachs que los gestiona.

Otras muchas, resisten en sus viviendas "haciendo frente", según denuncian, "a las presiones" de la empresa, "que busca desprenderse de los moradores de rentas más bajas para poder sacar más rédito de los inmuebles" adquiridos por el fondo de inversión durante el gobierno del PP de Ignacio González.

Tras interponer una querella penal ante un Juzgado de Instrucción y cinco procesos contencioso administrativos -tres colectivos y dos individuales-, que siguen abiertos, los afectados enviaron una carta a diez ayuntamientos madrileños y al Gobierno regional solicitando, tal y como ya ha hecho el consistorio de Móstoles, su implicación para lograr la paralización de los procedimientos de desahucio abiertos por Encasa Cibeles.

El pasado 21 de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid estimó la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero y anuló la operación de venta del IVIMA al entender que esta no fue debidamente justificada.

Los afectados por la operación consideran que este fallo debería suponer la cancelación de todas las viviendas que pasaron a manos del fondo de inversión, de ellas 1.380 en Madrid, Móstoles (259), Leganés (36), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Collado Villalba (44), Majadahonda (332) y Navalcarnero (192), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

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