
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se inhiba en la causa por la que investiga la trama de corrupción relacionada con la 'operación Gürtel' a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Comunidad Valenciana.
Esto conllevaría a que "la investigación de la totalidad del sumario recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid salvo determinados hechos perfectamente escindibles que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia", indica el ministerio público.
La Fiscalía aclara que las dos fiscales encargadas del caso -Concha Sabadell y Miriam Segura- han presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 este informe, que les solicitó Garzón para que se pronunciaran sobre los pasos a seguir en el caso de que pudiera haber imputados aforados en la causa.
El Ministerio Público "respeta el carácter secreto de las actuaciones" por lo que se limita a manifestar que en su escrito solicita a Garzón "la elevación de 'exposiciones razonadas' a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. No obstante, la Fiscalía no explica los motivos que han conducido a Anticorrupción a realizar esta petición y se remite "a las o razones que se exponen en el referido informe", que no se ha hecho público.
El pasado viernes, Garzón anticipó en el auto por el que rechazó la personación del Partido Popular (PP) en la causa que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
Mientras tanto, Garzón ha dejado en libertad a los dos últimos imputados a los que ha citado en relación con la llamada 'operación Gürtel', Jacobo Gordon y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF, que a su salida del juzgado ha dicho estar "hasta los huevos".
Según han informado fuentes jurídicas, los dos han quedado en libertad al no haber pedido para ellos las fiscales anticorrupción, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, ningún tipo de medida cautelar después de que Garzón les tomará declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
El primero en comparecer ante el juez ha sido Gordon, ex socio de Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar), quien ha permanecido dos horas en el despacho de Garzón y a su salida junto a su abogado, Abraham Castro, no ha querido hacer declaraciones.
El que sí ha hablado fue Blanco Balín, quien tras declarar durante algo más de una hora, ha abandonado el juzgado con su abogado Esteban Mestre y, tras advertir que no dirían nada sobre la causa porque el juez les ha recordado que está secreta, no ha podido reprimir su queja por el trato que está recibiendo en los medios de comunicación y ha manifestado que está "hasta los huevos".
"Cuando pongáis algo en los periódicos, hacedlo con algo de respeto. Os lo pido por mí y mi familia", ha reclamado Blanco Balín, miembro del consejo administración de varias empresas relacionadas con el líder de la trama de corrupción que investiga Garzón, Francisco Correa (Hator Consulting, Osiris Patrimonial o Inversiones Kintimani).
Ha recordado además que tiene "una trayectoria profesional" desde hace 25 años durante los que ha ocupado suficientes "puestos de confianza" como para saber que no se lleva ni da dinero a nadie.
Blanco Balín ha insistido en pedir respeto sobre todo por sus hijos: "No me gusta que mis hijos lean por la mañana que su padre es un delincuente", ha dicho.
Tras la declaración de estos dos imputados, en las próximas horas comparecerá ante Garzón el chófer de Correa, Andrés Bernabé, detenido el pasado lunes en Madrid.
Respecto a los interrogatorios al resto de los 34 imputados de la lista a los que el juez tiene que llamar a declarar, por el momento se sabe que el próximo 4 de marzo han sido citados el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el empresario valenciano José Luis Ulibarri.
Además de Gordon y Blanco Balín, de esta lista han comparecido hasta el momento otras tres imputadas: María del Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa), Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo, que quedaron en libertad con comparecencias mensuales y la prohibición de salir de España.
En esta operación han sido detenidas seis personas, de las que por ahora tres están en prisión incondicional: el presunto líder de la trama y dos de sus máximos colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo.
Otros dos han quedado en libertad con comparecencias semanales: José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, y Álvaro Pérez Alonso, 'El bigotes', responsable de la empresa Orange Market, filial de Special Events, la empresa de la que era responsable Correa y con la que organizó actos para el PP hasta 2004.

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