Piden una mediación de la consejera ante el incremento de las tasas de basura

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Coslada, 18 feb (EFE).- Los ayuntamientos del Corredor del Henares gobernados por el PSOE han pedido hoy que la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, medie en el conflicto por el incremento, de hasta un 70%, de las tasas por el vertido de residuos en el basurero de Alcalá de Henares.

Responsables municipales de Daganzo, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Coslada y San Fernando de Henares se han reunido hoy en Coslada para abordar la polémica surgida tras la decisión de la Mancomunidad del Este de incrementar el precio de la tonelada de vertido, adoptada cuando, a principios de año, pasó a ser de su competencia la gestión del vertedero de Alcalá.

El edil de Medio Ambiente de Coslada, Raúl López, ha manifestado a Efe que, mientras municipios como Móstoles o Pinto están pagando 13 euros por tonelada de vertido, a ellos se les exigen 20 euros, sin ningún tipo de "contraprestación adicional".

López ha indicado que quieren reunirse con la consejera para exponerle la situación y solicitar "que se pronuncie al respecto, porque la Mancomunidad del Este no puede imponer sus criterios de forma unilateral.

El responsable de Medio Ambiente de Coslada ha recordado que el Gobierno regional "ha autorizado una moratoria de dos años para la entrada en vigor del Plan de Residuos y, en definitiva, para la creación de las mancomunidades de gestión de residuos".

Aunque la Mancomunidad del Este mantiene abierta una vía de diálogo con los ayuntamientos que todavía no se han integrado en la entidad, para llegar "a un acuerdo general sobre el coste de los vertidos".

El portavoz de la Mancomunidad y edil de Medio Ambiente de Alcalá, Jesús Domínguez, ha advertido en varias ocasiones que los municipios que no abonen las tasas tendrán que trasladarse a otros vertederos.

En este sentido, López ha añadido que "este problema tiene que tener una solución política y nadie puede imponer sus propios criterios, porque no es lícito que se adopten decisiones unilaterales que pasen por prohibir el vertido".

No obstante, y a la espera de que la consejera de Medio Ambiente se pronuncie, los municipios gobernados por los socialistas tampoco descartan acciones judiciales para impedir este incremento de los costes planteado por la mancomunidad.

Una mancomunidad que, hasta el momento, sólo está constituida por municipios gobernados por el PP y que, a día de hoy, aún no ha encontrado ubicación definitiva para su proyecto de Complejo de Residuos, adjudicado a Fomento de Construcciones y Contratas en junio de 2008 por un importe de 100 millones de euros.