La Audiencia Nacional rechaza que Aznar, Trillo y Bono testifiquen en el juicio sobre las identificaciones del Yak-42

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La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha rechazado que el ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono declaren como testigos en el juicio sobre la identificación errónea de 30 de los 62 militares que fallecieron el accidente del Yakovlev-42, que se desarrollará entre los próximos días 24 de marzo y 3 de abril, informaron hoy fuentes jurídicas.

El aparato se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en lo que constituyó el mayor accidente sufrido por las Fuerzas Aéreas españolas en tiempos de paz.

El tribunal, que estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que será ponente de la sentencia, rechaza de esta forma la petición realizada por las dos principales asociaciones de familiares de las víctimas, que ejercen la acusación popular y solicitaron la comparecencia del ex jefe del Ejecutivo y de los dos ex ministros de Defensa.

Las asociaciones justificaron la prueba testifical de Aznar argumentando que "era presidente del Gobierno en el momento del accidente" y "dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003".

En relación con Trillo y Bono, la representación legal de los familires de las víctimas argumentaron que el primero dirigía el Ministerio de Defensa en el momento del accidente y que el segundo ordenó la investigación sobre las tareas de repatriación de los cadáveres.

No declararán tres altos mandos

La Sala, que completan los jueces Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda, también ha rechazado las comparecencias del teniente general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; el teniente general Eduardo González-Gallarza, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire; el almirante general Antonio Moreno Barberá, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa; y Francisco Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa.

Los que sí testificarán durante el juicio serán el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior exhumación de los cadáveres; y el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las operaciones de identificación y repatriación de las víctimas del accidente.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular dirigen su acusación contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. El teniente fiscal, Fernando Burgos, solicita que todos ellos sean condenados a cinco años de cárcel y las acusaciones a uno más por un delito continuado de falsedad documental.

Las familias también solicitan una multa 60.000 euros para Navarro y de 48.000 para Ramírez y Sáez. En el caso de las indemnizaciones, reclaman que la cuantía de 25.000 euros que el fiscal solicitó para las esposas, compañeras, padres e hijos de los militares que fueron identificados erróneamente se sumen otras de 6.000 euros para sus hermanos.

Un centenar de testigos

Los colectivos que ejercen la acusación particular también solicitaron la comparecencia de un centenar de testigos, entre los que también se encontraban Fernando Díez, ex secretario de Estado de Defensa; Víctor de la Torre, subsecretario de Defensa en el momento del accidente; el teniente general Manuel Estellés, jefe del Mando Aéreo de Levante (MALEV), encargado del viaje a Afganistán del que volvía el avión siniestrado; y el teniente general Carlos Gómez Arruche, entonces segundo jefe de este departamento.

También pidieron la comparecencia del ex embajador de España en Turquía Manuel de la Cámara Hermoso; el entonces cónsul en Estambul, Raimundo Ezquerra; la diputada Carmen Sánchez, que realizó varias preguntas parlamentarias sobre la cuestión; y varios periodistas que cubrieron la información sobre el accidente.

Como prueba documental solicitaron, entre otras, todas las diligencias realizadas durante la investigación y como pericial los testimonios de los profesores José Antonio García Andrade y José Cabrera y el forense Juan Miguel Monje, médico de la Audiencia Nacional que intervino en los trabajos de exhumación e identificación de 21 cadáveres no incinerados.

El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid en sesiones de mañana y tarde y está señalado para los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril.

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