La ley de delitos mediáticos es un gran golpe a la democracia, según la SIP

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Miami (EE.UU.), 31 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó hoy que el proyecto de ley sobre "delitos mediáticos" presentado por la Asamblea Nacional de Venezuela es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en ese país.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves ante la Asamblea, dominada por el oficialismo, una propuesta legal que busca "prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación", con penas que llegan hasta los cuatro años de cárcel, además de otras sanciones.

La SIP consideró que esta iniciativa es "un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".

El presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calderón, expresó que la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que el presidente Hugo Chávez continúa su estrategia para "deshacerse de las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos".

"Es, sin duda, un golpe a las libertades públicas y a lo que queda de democracia en Venezuela", aseguró en un comunicado.

Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, subrayó que la iniciativa de ley "viola" el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes y promueve la autocensura.

Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el proyecto crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente para medios y periodistas.

"El gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa", que están ya regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, dijo.

Los directivos de la SIP dijeron que la conducta de la fiscal y del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, se debe a que Chávez, en una "diatriba" contra el canal Globovisión, llamó a sus funcionarios a "arremeter contra los medios o, de lo contrario, a abandonar la revolución".

El proyecto de ley contempla sancionar las "acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".

Para quienes divulguen noticias falsas la pena es de dos a cuatro años de cárcel; por manipulación de noticias, de dos a cuatro años, y por negativa a revelar información, de seis meses a dos años de cárcel.

Por coacción mediática, de uno a tres años; por omisión voluntaria de suministrar información, de dos a cuatro años; por instigación, de dos a cuatro años, y por obstaculización de actividades de medios de comunicación, de uno a tres años.

La SIP subraya que ha venido denunciando cada paso de la "estrategia" seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para "maniatar a la prensa".

En este sentido menciona la reforma constitucional de 1999, que incluyó la responsabilidad de publicar información veraz e imparcial, sentencias judiciales como la "1013" de 2001, que niega el derecho de réplica o de rectificación a los periodistas, y la promulgación de la "ley mordaza" o la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de 2004.

También destaca la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005, que aumentó las penas por los delitos de desacato y difamación, y la aplicación de regulaciones que obligan a los medios a tener columnistas de todas las ideologías, en "una clara invasión de sus políticas editoriales".

El cierre en mayo de 2007 de RCTV, el "hostigamiento" contra Globovisión y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo, y la apertura de numerosos medios electrónicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagandístico, también forman parte de la "estrategia", según la SIP.