Economía toma el control de Agrupació Mútua por su alto riesgo inmobiliario

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Barcelona/Madrid, 16 oct (EFE).- El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros (DGS), ha tomado el control provisional de la aseguradora catalana Agrupació Mútua por el alto riesgo de sus inversiones inmobiliarias, que quiere reorientar para proteger su consolidado negocio asegurador.

La DGS, que dirige Ricardo Lozano, sostuvo hoy que la sustitución de los órganos de administración de la mutua de seguros por dos expertos del sector "salvaguardará los intereses" de sus más de 380.000 clientes y garantizará el normal funcionamiento de la compañía, que podrá seguir prestando servicios y suscribiendo pólizas de seguros con normalidad.

Según fuentes conocedoras de la actuación de la DGS, esa actividad aseguradora se había puesto en riesgo por culpa de los "préstamos y las participaciones inmobiliarias" de Agrupació Mútua (fundamentalmente en AMCI Habitat, AMCI BD y AMCI Rehabilitació).

El riesgo derivado de esos negocios obligaba a realizar provisiones millonarias que hubieran situado bajo mínimos los requisitos legales para que la compañía siguiera funcionando.

De hecho, Agrupació Mútua cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas oficiales de 13,5 millones de euros, si bien la auditora BDO cuestionó en junio pasado estos resultados e instó a la mutua a dotar provisiones por 60 millones más para cubrir el riesgo asociado a AMCI Habitat, promotora inmobiliaria participada en un 70% por la entidad.

Agrupació Mútua, cuyas cuentas estaban siendo inspeccionadas por la DGS desde julio, estaba presidida por Josep González desde septiembre, en sustitución del empresario Félix Millet, que dimitió tras conocerse que estaba siendo investigado por la Fiscalía por el posible desvío de 2,3 millones de euros de los fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, que también presidía.

González, que también es presidente de la patronal Pimec, consideró excesivas las medidas adoptadas por la DGS, sobre todo después de que la nueva dirección de la mutua hubiera presentado un plan de negocio consistente en hacer un análisis profundo sobre la actual situación financiera de la entidad y proceder a su desinversión inmobiliaria.

En la elaboración de este plan había participado Jacint Boixasa, uno de los dos administradores provisionales nombrados por la Dirección General de Seguros, junto al abogado Sergio Gago, lo que en opinión de González "significa que no íbamos tan desencaminados".

El empresario ha asegurado que los mutualistas "tienen que estar tranquilos", ya que el negocio asegurador funciona sin problemas y hasta finales de agosto incluso registraba superávit.

De hecho, el responsable de la DGS precisó que el organismo sólo ha tomado medidas de control especial sobre Agrupació Mútua, que no implican una intervención, ya que esta acción sólo se adopta en casos que prácticamente conllevan la liquidación de la compañía.

Explicó que una intervención supondría el nombramiento de un interventor -no de unos administradores provisionales, como se ha hecho- y la práctica liquidación de la empresa, lo que no se persigue en este caso.

Por su parte, el departamento de Economía de la Generalitat confía en que la decisión de la DGS de sustituir los órganos de administración de Agrupació Mútua por dos expertos independientes permitirá a la compañía realizar su "transición hacia la solvencia".

De hecho, Boixasa había sido director general de Política Financiera y Seguros de la Generalitat y había ocupado con anterioridad cargos directivos en empresas del ramo como Vidacaixa y Caifor.

El abogado Sergio Gago, por su parte, había trabajado anteriormente como administrador provisional en la compañía de seguros Cahispa cuando hace dos años ésta fue expedientada por presentar "deficiencias muy significativas" de control interno e irregularidades en la gestión.

Los dos administradores provisionales tendrán ahora que revisar las actuaciones acometidas en Agrupació Mútua en el área inmobiliaria y comunicar sus decisiones a la Asamblea de Mutualistas, que deberán adoptar acuerdos en relación a las actuaciones propuestas.