Diálogo sin acuerdo a favor de Zelaya tras una nueva propuesta de Micheletti

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Tegucigalpa, 19 oct (EFE).- El diálogo para restituir al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se estancó hoy de nuevo al pedir la comisión del Gobierno de facto de Roberto Micheletti informes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia que servirían de base para resolver la crisis política del país.

La iniciativa consiste en que ambos órganos presenten a las comisiones de diálogo de las partes un informe sobre los antecedentes del golpe de Estado contra Zelaya, el 28 de junio pasado, con el propósito de que sirvan de fundamento a una decisión tomada por ambas representaciones.

Luego de la presentación de la propuesta, la comisión que representa a Zelaya se retiró para ir a consultar al depuesto presidente, quien permanece en la Embajada de Brasil desde el 21 de septiembre pasado.

"Estamos esperando la respuesta de ellos, que puede ser por teléfono", dijo a periodistas Vilma Morales, miembro de la comisión de Micheletti.

Otro miembro de la comisión de Micheletti, Armando Aguilar, dijo en una rueda de prensa que las propuestas de que fueran el Parlamento o la Corte Suprema de Justicia los órganos que definieran el caso, propuestos por Zelaya y el presidente de facto, respectivamente, han quedado al margen en las negociaciones.

"Esas dos propuestas quedaron totalmente al margen porque no hubo acuerdo sobre ellas", subrayó Aguilar.

"La nueva es que retomemos bajo control de la mesa de diálogo la decisión final sobre el problema, pero no lo podemos traer mientras no hayamos arrastrado" las decisiones de la Corte y el Parlamento, agregó.

Aguilar subrayó que los informes solicitados a los poderes Legislativo y Judicial son "para fundamentar la decisión que vamos a tomar en la mesa de negociaciones".

El viernes pasado, la comisión de Zelaya exigió que fuera el Parlamento el que definiera su restitución en el poder, mientras que la de Micheletti propuso que lo hiciera la Corte Suprema de Justicia.

El régimen de facto alega que Zelaya fue sacado del poder porque pretendía celebrar el 28 de junio una consulta popular para reformar la Constitución, a pesar de que tenía una prohibición legal.

Además, la Fiscalía le imputa a Zelaya más de una decena de delitos, entre ellos abuso de poder y traición a la patria que el gobernante rechaza y que fueron presentados después del golpe.

"Yo no he cometido ningún delito, además han falsificado mi firma en una carta en la que dicen que yo renuncié como presidente", comentó hoy escuetamente al respecto el depuesto presidente Zelaya, quien reiteró que no confía en Micheletti.

El Gobierno de facto de Honduras también expresó hoy que las "amenazas" de los presidentes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), "es una evidente intromisión" en asuntos internos" del país centroamericano.

En un comunicado, el régimen de facto se refirió a declaraciones de los presidentes de la ALBA en la VII Cumbre de ese foro regional que se celebró el viernes y sábado pasados en Bolivia.

"Las amenazas proferidas por los presidentes miembros del ALBA frente al problema hondureño, es una evidente intromisión en asuntos internos que por su naturaleza no se debe trasladar al ámbito internacional ya que genera evidentes intentos de intervención ilegal y expresiones hostiles, contrarias al derecho y a la costumbre internacional", dice la declaración del régimen de facto.

Entre otras acciones, los presidentes de la ALBA advirtieron en Bolivia que no reconocerán las elecciones del 29 de noviembre y se pronunciaron a favor de nuevas decisiones contra el régimen de Micheletti, por negarse a entregar el poder a Zelaya.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la resistencia popular que exige la restitución de Zelaya busca armas en su país, El Salvador y Guatemala, ante la crisis política hondureña.

Esta afirmación ha sido desmentida tajantemente hoy por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe que apoya la restitución en el poder de Zelaya.