El Gobierno de facto de Honduras pide a la ONU el cese de las medidas "discriminatorias"

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Tegucigalpa, 21 oct (EFE).- El Gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti pidió al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, que cesen las medidas de discriminación hacia Honduras, informó hoy una fuente oficial.

"Pido a usted que cesen todas las medidas discriminatorias contra la República de Honduras por parte de la Organización", indica el canciller del Gobierno de facto hondureño, Carlos López, en la carta, enviada el 8 de octubre y divulgada hoy.

López también pide a la ONU que admita como representantes del Estado de Honduras en la sede principal de la ONU y en los diversos órganos y agencias "únicamente a las personas que el Gobierno (de Micheletti) ha confirmado" por su Secretaria de Relaciones Exteriores.

La comunidad internacional no reconoce al régimen de Micheletti y ha advertido de que si el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no es restituido en la Presidencia, desconocerá las elecciones generales del 29 de noviembre próximo, lo que se suma a otras medidas de presión para que el régimen de facto abandone el poder.

No obstante, el Gobierno de facto indica al secretario general de la ONU que la canciller de Zelaya, Patricia Rodas, cesó "en sus funciones desde que produjo la sucesión constitucional en la Presidencia de la República", el 28 de junio pasado, cuando se produjo el golpe a Zelaya.

"Las comunicaciones que envíe (Rodas) a cualquier destinatario son nulas y sin ningún valor y, en Honduras, la hacen incurrir en el delito de usurpación de funciones", subraya la carta.

López rechaza, además, la resolución de la ONU del 30 de junio pasado, en la que calificó como "golpe de Estado" la destitución de Zelaya, acción que el régimen de Micheletti defiende como una "sucesión constitucional".

López le dice además en la misiva a Ban Ki-moon que si no "entra inmediatamente en contacto con el Gobierno efectivo, legalmente establecido" de Micheletti, "mal puede llevar a cabo la tarea que la resolución (de la ONU) le recomienda para que 'informe oportunamente sobre el desarrollo de los acontecimientos en el país'".

El régimen de facto también considera que la pretensión de la ONU de que se restituya a Zelaya en el poder resulta "contraria al derecho interno y al derecho internacional".