Gallardón espera que el PSOE reflexione y retire el recurso contra la Ordenanza de licencias

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Madrid, 14 ene (EFE).- El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, espera que el Grupo Municipal Socialista "reflexione" y retire el recurso contencioso-administrativo que presentó el pasado mes de julio contra la Ordenanza que establece el nuevo Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas.

En rueda de prensa tras una primera Junta de Gobierno, el alcalde y su delegado de Hacienda, Juan Bravo, han argumentado que la Ordenanza coincide con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno central ha propuesto a través del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Eso, han subrayado, independientemente de que el modelo externalizado o privatizado de gestión y control de licencias de actividades que está poniendo en marcha el Ayuntamiento es "perfectamente aplicable" y "está dentro de la legalidad" tanto estatal como autonómica que establecen la Ley Omnibús del Estado y la Ley de Medidas Liberalizadoras de la Comunidad.

Según Bravo, estos cambios normativos aprobados en los últimos meses "avalan", "refrendan" y "generalizan" el modelo impulsado por el Ayuntamiento de Madrid que, según Ruiz-Gallardón, lo que hace es tratar a los madrileños como "ciudadanos maduros" y no como "súbditos".

Según el alcalde, la transformación del sistema de licencias desde un modelo de "autorización previa" a otro de "inspección posterior" es "un paso histórico en la reducción de los trámites burocráticos" en la administración pública.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid presentó recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza de Licencias, entre otras cuestiones, por considerar que "la intervención de entidades privadas en la gestión de las licencias es una imposibilidad legal".

Según explicó entonces el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, "la Ordenanza puede ser ilegal por contradecir, obviar o sustituir leyes", además de que "institucionaliza el Guateque", en referencia a la supuesta trama de corrupción en la gestión de licencias municipales.

Entre las razones jurídicas en las que se basaba el recurso, los socialistas incluyeron que la Ordenanza "no respeta el principio de reserva de Ley", ya que ni en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ni en la estatal "se contempla la intervención de entidades privadas en el otorgamiento de licencias urbanísticas".

En este sentido, el Grupo Socialista opinó que "la intervención de entidades privadas en la gestión de las licencias es una imposibilidad legal" ya que no se trata de "un servicio que se privatice con más o menos oposición" sino de "funciones públicas de autoridad que son irrenunciables para la administración".