El sumario de Gürtel señala la financiación ilegal en Madrid y Valencia

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La apertura de sumario del 'caso Gürtel' ha puesto la cuerda floja al Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Entre los archivos encontrados hay contratos y facturas que podrían en un compromiso al Grupo Popular. Análisis: No se sabe mucho más, pero lo que se sabe es muy grave

En una carpeta llamada "PP Madrid" encontrada en un despacho en General Martínez Campos, hay facturas emitidas por actos del Partido Popular madrileño para las elecciones autonómicas de 2003 y las generales y europeas de 2004, según publica elPaís. Las facturas fueron pagadas a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid que tiene su sede en la calle Génova y que actualmente preside Esperanza Aguirre. La ley no permite que las Fundaciones sufraguen actos electorales.

El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía detalla las vinculaciones de la organización de Francisco Correa con varias administraciones del Partido Popular.

Contratos de la Comunidad de Madrid

Pero no sólo eso, varias empresas de la trama Gürtel llevaron a cabo contratos con el Gobierno de Esperanza Aguirre por 367 expedientes con un valor de 3.189.565,69 euros y tan solo tres de ellos fueron adjudicados por concurso. El resto fueron contratos menores.

Los más lucrativos han sido en la Consejería de Inmigración, que adjudicó por un montante de 385.415 en 48 actuaciones. Además, la Cumbre Flamenca en 2006, con la que debía haberse hecho un concurso, se concede a una empresa 'corruptas con la única indicación de "se contrata por indicación de D. Alberto López Viejo", el ex viceconsejero de Presidencia de Aguirre.

La fiesta del ascenso del Getafe también fue facturada por una una empresa de la trama Gürtel y sin concurso.

Otro de los casos muestra como para colocar un stand, la Comunidad de Madrid enviaba un fax a tres empresas para que presentaran sus ofertas. Curiosamente el responsable de las tres empresas era el mismo, Francisco Correa.

A nivel regional, Arganda, Boadilla, Pozuelo o Majadahonda, salen retratadas en el sumario como localidades que tuvieron algún tipo de relación con las empresas de Correa.

Orange Market, controlaba los actos valencianos

El sumario también destaca indicios de financiación ilegal en Valencia, donde Orange Market facturaba en B los actos del PP en la Comunidad Valenciana. Según el informe "no existe transparencia en las actividades de Orange Market en relación al PP de la Comunidad Valenciana". Y añade que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios".

Además, las empresas que participaron en la financiación de los actos del PP son FACSA, PIAF, Lubasa, Sedesa y Enrique Ortiz e Hijos, todas ellas adjudicatarias habituales en las concesiones otorgadas de Camps.

Estas empresas pagaban a Orange Market por la realización de actos que inicialmente eran facturados al PP como queda acreditado por varias facturas incluidas en el sumario en las que se cambia el cliente: inicialmente era el PP de la Comunidad Valencia y pasar a ser alguna de las empresas anteriores.

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