Toda la verdad sobre la reunión de Zapatero con los empresarios y la carta de estos al Rey

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• José Luis Rodriguez Zapatero
• Ex-Presidente del Gobierno de España
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Se palpa el nerviosismo. Anoche, Ramón Jáuregui afirmaba en 59 segundos que la reunión que mantendrá el sábado Rodríguez Zapatero con un grupo selecto de empresarios invitados no tiene nada que ver con el manifiesto de la Fundación Everis dirigida por Eduardo Serra, pero la concatenación de sucesos de este fin de semana ha metido algo de miedo en el Ejecutivo que ve como el entramado empresarial se pone en su contra.

Como se sabe, el pasado domingo El País publicó una extensa entrevista con el presidente del Gobierno, por la que conocimos que Rodríguez Zapatero se disponía a convocar a los responsables de los veinticinco principales grupos empresariales del Estado.

Aunque se sobreentendía que la convocatoria perseguiría la implicación del sistema económico en la tarea de la recuperación del crecimiento, Zapatero no precisó demasiado: "El Gobierno, además de la iniciativa política y de la implicación de las grandes empresas, adoptará decisiones, algunas de ellas aún están en elaboración, y articulará también algunos estímulos". Y, como muestra, Zapatero avanzó la creación de un Consejo Nacional de Competitividad, "con personalidades de la economía y por algunas más que han desempeñado responsabilidades políticas en el pasado", y un mayor énfasis en la necesidad de mejorar las exportaciones, "punta de lanza" del crecimiento y la recuperación.

En aquel momento, no eran públicos ni el manifiesto ni la audiencia regia a sus impulsores, pero pronto se comprensión que aquella alusión a las grandes empresas, en principio extemporánea, estaba evidentemente relacionada con la entrega al Rey el pasado día 15 de un documento firmado por un centenar de conocidos empresarios y profesionales en el que plantean nuevas reformas económicas y del modelo de Estado. Algunos medios ya han explicado que la colmada agenda del Monarca obligó a una larga espera a los cerca de cien empresarios y expertos congregados en Zarzuela para proceder a dicha entrega. Serra pronunció un parlamento de unos doce minutos y el Rey "se mojó" bastante en la rspuesta.

La iniciativa había sido gestionada por la Fundación Everis, una institución dirigida por el ex ministro Eduardo Serra, que fue la que redactó la declaración "Transforma España" de 16 páginas que lleva por título ?ampuloso y expresivo- "Un momento clave de oportunidad para construir ente todos la España admirada del futuro. Una visión optimista pero contundente de la Sociedad Civil española".

La génesis del documento

El manifiesto fue confeccionado a partir de cuestionarios enviados por Everis a los empresarios, relativos a tres bloques: "Aspectos generales"de la situación española, "Aspectos particlres" y"Percepción de España" Descargue aquí el documento (.PDF).

Se trata de un texto reivindicativo en el que se pone de manifiesto la grave situación económica del país, sus causas y consecuencias, así como una serie de soluciones y actuaciones para generar un verdadero cambio de tendencia en España. La iniciativa plantea la necesidad de abordar actuaciones urgentes, ya que, según Marc Alba, "el modelo vigente está agotado y requiere un cambio sistémico de gran urgencia".

El documento incide en la necesidad de desarrollar medidas que mejoren la competitividad en las empresas, el incremento del valor añadido, así como de fomentar la innovación y el emprendimiento por parte de los jóvenes.

El propio Eduardo Serra, ministro de Defensa con el PSOE y con el PP, hombre bien relacionado con relevantes personalidades del establishmen mundial, ha justificado su iniciativa con el argumento de que ha pretendido responder asi a "las muchas quejas que estaba recibiendo".

Algunas conclusiones concretas del documento son éstas:

-En España no existe separación de poderes, los políticos controlan el poder judicial. No hay una verdadera democracia. Los políticos no dan la talla

-Cuanto más complicados son los problemas que ha de afrontar el país, menor es la capacitación de quienes tienen el poder. Aplicable al presidente del Gobierno, pero también a la oposición. Líderes mediocres.

-El sistema educativo es tercermundista.

-La sociedad española tiende a la sumisión, se somete a cualquier demogogo indocumentado.

-El indicador 'valor-país' (competitividad, sostenibilidad, influencia, bienestar, calidad de gobierno y economía) creció entre 1997 y 2007. A partir de 2007 se ha producido una fuerte caída, y en 2009 bajó a niveles de 1997: diez años perdidos en sólo dos. Para 2020 esa magnitud será la mitad que en 2009.

-Si las cosas se hubieran hecho correctamente, el valor-país sería seis veces mayor. Se ha llegado a una España poco atractiva, que ha perdido posiciones en todos los indicadores.

-Necesidad de un cambio de sistema electoral, para evitar la dictadura de la partitocracia que suponen las listas cerradas y bloqueadas. Ir a un sistema de elección más directa. Un sistema proporcional que corrija el excesivo poder que tiene las minorías nacionalistas.

-Clarificar el modelo autonómico, acabar con la duplicidad de administraciones. Inmanejable un Estado con diecisiete comunidades, más de 8.000 ayuntamientos (en su inmensa mayoría, menores de 50.000 habitantes), diputaciones, cabildos? Y 4.000 empresas públicas donde domina el oscurantismo en sus cuentas.

-El Estado carece de instrumentos de control y corrección, no sabe lo que gastan las autonomías ni cómo.

-Hace falta consenso entre los partidos en: educación, ciencia y energía. Que sean pactos estables y de largo plazo. Pero la evolución en España tiende a lo contrario.

-Pérdida de confianza en el Tribunal Constitucional y en el funcionamiento de la justicia.

-España pierde posiciones en todos los indicadores, la situación es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y para la posición de España en el mundo.

¿Quién es quién?

La nómina de firmantes es compleja y tan heterogénea que no es posible atribuirle una filiación simplificada. En efecto, se responsabilizar del escrito bastantes de los principales empresarios (aunque la lista de ausentes es también copiosa y reveladora): César Alierta (Telefónica), Antonio Brufau (Repsol), Juan María Nin (La Caixa), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Juan Roig (Mercadona), Antonio Vázquez (Iberia), Ángel Cano (BBVA), Alfredo Sáenz (Banco Santander), Baldomero Falcones (FCC), Pablo Isla (Inditex), Borja Prado (Endesa), Francisco Román (Vodafone), Juan Abelló (Torreal) y Felipe Benjumea (Abengoa).

También aceptan figurar en la lista algunos empresarios considerados próximos al Gobierno de Zapatero, como José Manuel Entrecanales (Acciona), Luis Atienza (Red Eléctrica), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Antoni Llardén (Enagas), Antonio Zabalza (Ercross) y Teófilo Serrano (Renfe).

Entre los empresarios de comunicación, están en la lista Ignacio Polanco (Grupo Prisa), Diego del Alcázar (Vocento), Carmen Iglesias (UNEDISA) y José Manuel Lara (Grupo Planeta y Antena 3).

En la lista de expertos figuran Manuel Conthe, Emilio Lamo de Espinosa, Santiago Grisolía, Eduardo Punset, José María Fidalgo, Claudio Boada, José María Fidalgo, Juan Iranzo, Emilio Ontiveros, Jaime Montalvo, Juan Antonio Sagardoy, José Ángel Sánchez Asiain, José Ignacio Goirigolzarri y Pedro Luis Iriarte.

En el empresariado, las presencias en la nómina de Everis son muchas pero también las ausencias. Ha habido empresarios que no han creído oportuno adherirse a la idea por discrepancias ideológicas o por su posición al procedimiento, y también por falta de sintonía con Serra. Entre las muchas ausencias que podrían mencionarse, diversas fuentes subrayan las siguientes: Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Salvador Gabarró (Gas Natural), Ángel Ron (Banco Popular), Florentino Pérez (ACS), Rodrigo Rato (Caja Madrid), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr) y Alejandro Echevarría (Telecinco) y Jaime Roures (La Sexta-Público).

Tampoco firmaron el manifiesto Emilio Botín (Banco Santander), Francisco Gonzalez (BBVA), Amancio Ortega (Inditex) e Isidro Fainé (La Caixa), pero en estos casos sí se adhirieron sus respectivas compañías a través de sus principales ejecutivos.

Contra quién va el documento

Como se entenderá, no se trata sólo -como alguno ha dicho- de un varapalo contra este Gobierno, sino una crítica mordaz y fundamentada contra la clase política en general -poder y oposición, mayorías y minorías-, que ha degradado progresivamente el sistema político y ha sido incapaz de auspiciar los consensos políticos y sociales sobre los que basar las transformaciones tendentes a la modernización continua del país.

Es magnífico que un grupo de empresarios hayan hecho una pausa en sus actividades para reflexionar sobre el presente y el futuro de España. Se entiende, sin embargo, mal que haya sido necesaria una recesión económica de gran envergadura para que se pudiese escuchar dicha voz.

Tampoco es fácil de interpretar el hecho de que, una vez efectuado el diagnóstico y, según parece, también detectada la terapia adecuada, estos miembros de la elite empresarial se hayan limitado, al menos de momento, a informar al Rey de sus especulaciones, como si el jefe del Estado tuviera en sus manos la implementación de tales estímulos e ideas.

Muchos hemos lamentado con frecuencia de la mala calidad de la política española, a causa sobre todo del escaso prestigio social de la tarea de representación y de la falta de aliento e implicación de las elites intelectuales, sociales y económicas. Bien está, pues, que los grandes empresarios manifiesten preocupación, pero eso es lo fácil. Todos tenemos (o creemos tener) buenas ideas para resolver el crónico "problema de España". Lo difícil es adquirir un verdadero compromiso con las reformas, implicarse de hoz y coz en la gestión de los asuntos públicos, asumir actitudes de liderazgo, con el consiguiente desgaste.

En definitiva, la iniciativa empresarial, tan plausible, sólo será eficaz si parte de la base de que también el empresariado tiene su cuota de responsabilidad en la postración actual de España y si queda claro que esta iniciativa es sólo el principio de una implicación activa y no el simple desenlace pasivo y estático de una inoperante y retórica preocupación.

El Gobierno no ha ocultado su malestar por el manifiesto y, sobre todo, por el procedimiento: no tiene sentido que un grupo caracterizado de la sociedad civil vaya a quejarse al Rey como si el jefe del Estado tuviera atribuida la iniciativa política (tal conducta es una reminiscencia autoritaria). Así lo manifestó claramente Jáuregui anoche en su referida comparecencia.

La patronal, todavía con Díaz Ferrán al frente, se ha irritado por el 'puente' de sus afiliados más notables y también con el propio puente que ha efectuado Zapatero al no convocar tampoco a Ferrán a su reunión con los grandes empresarios.

Y el Partido Popular no se ha dado por enterado del Manifiesto, que también lo engloba en sus críticas acerbas contra la mala calidad de la política española y de sus elites.

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