Polémica en el Congreso: ¿España debe gastar 238.010 euros en pagar a expresidentes?

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¿Debe emplear el Estado 238.010 euros en pagar a Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero? Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha vuelto a sacudir el Congreso de los Diputados con una iniciativa polémica. Sin embargo, PP, PSOE y CiU se han aliado para rechazar en el Pleno del Congreso la propuesta, apoyada por Esquerra Republicana, Compromís y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

El partido magenta ha advertido que la concurrencia de retribuciones públicas y privadas en el caso de los expresidentes españoles puede ser "claramente abusiva", sobre todo en este contexto de crisis económica.

Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, tachó de "efectista" la medida y señaló que la regeneración democrática es "incompatible con la demagogia". En la misma línea, el socialista Nacho Sánchez Amor consideró que este estatuto es "la mejor garantía" para separar los intereses públicos de los privados, mientras que Jordi Jané (CiU) criticó la "política espectáculo" de UPyD.

Sangría económica

Este régimen estatutario, que data de un Real Decreto de 1983, establecía primero ciertas prerrogativas y una asignación de 15.025,30 euros anuales durante cuatro años para gastos de oficina, atenciones sociales y alquileres de inmuebles.

Sin embargo, estos gastos adquirieron en 1992 la condición de vitalicios y, además, se introdujo una pensión y se creó hace tres años la figura del consejero de Estado para ellos. En total, en 2011, los cuatro expresidentes de la democracia aún vivos (ya que Leopoldo Calvo-Sotelo falta desde 2008) recibieron en 2011 casi 80.000 euros cada uno.

Por si fuera poco, estos ingresos son compatibles con los que obtengan como asesores de empresas privadas. González, sin ir más lejos, recibe 126.000 euros anuales como consejero de Gas Natural, mientras que Aznar percibe cerca de 200.000 de Endesa. Zapatero, sin embargo, no recibe rentas de la empresa privado, pero combina dos sueldos públicos. Pero esto sólo es la punta del iceberg.

Queja en el Parlamento

La proposición no de ley instaba al Ejecutivo a presentar en dos meses un proyecto que regule el estatuto: en concreto, reclamaba que se establezca "un límite temporal a las prerrogativas " y también que fije un régimen de incompatibilidades entre retribuciones públicas y privadas.

La iniciativa fue defendida por el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que desea extender esta idea a expresidentes autonómicos, exconsejeros y exministros. 

Una antigua lucha

Rosa Díez ya presentó la pasada legislatura una iniciativa similar. De hecho, ese enero de 2011 "sólo la apoyaron el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Habrá que ver las enmiendas" explican fuentes de este partido.

Además, otros partidos han avanzado por esta senda. Bloque Nacionalista Galego (BNG), por ejemplo, también registró un proyecto semejante ese mes de enero, mientras que el PSOE y PP dieron carpetazo a la petición de ERC, Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) de eliminar las pensiones vitalicias, esgrimiendo que era un proyecto innecesario y "populista".

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