El PP veta que ERC tenga acceso cuatro años después a los secretos del Estado

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Alfred Bosch no estará en la comisión. Foto: Archivo.

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El Partido Popular (PP) no ha dejado que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales. La abstención de los populares, que cuentan con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (185 actas), veta así el acceso de los independentistas a este órgano.

"Estamos ante una auténtica caza de brujas" que "constituye una ofensa a nivel personal, a nivel de partido, a nivel del Grupo Mixto [18 diputados de ocho partidos diferentes] y a nivel democrático y de cortesía parlamentaria", ha criticado desde la tribuna Alfred Bosch, el republicano que había sido propuesto para integrarse en la comisión.

"¡Vaya numerito han montado para conmemorar el 23-F!", acabó Bosch, abucheado por las bancadas populares.

Así, el Pleno del Congreso de los Diputados ha elegido como miembros a Alfonso Alonso (PP, 302 sufragios), Soraya Rodríguez (PSOE, 309), Josep Antoni Duran Lleida (CiU, 308), Cayo Lara (IU, 289), Rosa Díez (UPyD, 290) y Josu Erkoreka (PNV, 309). De esta forma, el Grupo Mixto, que también tenía derecho a tener un representante, se queda fuera.

En concreto, el reglamento de la Cámara reclamaba la aprobación por tres quintas partes de los diputados, es decir, 210 votos. Bosch, sin embargo, no ha obtenido ese consenso, al solo lograr 132 apoyos (las minorías y parte del PSOE).

El portavoz adjunto del Mixto, Francisco Jorquera (BNG), ha reaccionado rápido y ha solicitado repetir la votación con Joan Tardá (ERC). El presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha denegado la petición, tras afirmar que el resultado "no cambiaría", aunque ha abierto la puerta a tratar la elección del séptimo miembro en el futuro.

De hecho, Jorquera ha avanzado que van a exigir a la Cámara que se voten todas y cada una de las propuestas que formulen hasta cubrir su vacante, sin aceptar imposiciones ni "chantajes" del PP.

Miedo a los independentistas

La razón esgrimida por el partido de Génova 13 para impedir la presencia de ERC ha sido "proteger al Estado", ya que no consideran a los republicanos capacitados para manejar esta información secreta.

De hecho, los populares preferían al diputado de UPN, Carlos Salvador, formación que concurrió con el PP en las últimas generales, aunque tampoco hubieran puesto obstáculos a que el Mixto estuviera representando por Coalición Canaria. 

"No podemos estar tratando información sensible para el Estado ni con Amaiur ni con los actuales dirigentes de ERC, que aquí están al servicio de Amaiur", según Alonso.

Esta precaución hacia la izquierda abertzale radical determinó, sin ir más lejos, la negativa a que Amaiur constituyera un grupo parlamentario propio, a pesar de disponer de siete escaños. En aquel momento, ERC y Amaiur llegaron a coquetear con unir sus fuerzas en la Carrera de San Jerónimo.

En cualquier caso, los catalanes ya tuvieron representación en esa misma comisión en la primera legislatura de Zapatero, al disponer de grupo parlamentario propio. La delegación de los independentistas estuvo ocupada por Joan Puigcercós (entre 2004 y 2006) y Agustí Cerdá (hasta 2008).

Los derechos, los deberes

El acceso parlamentario a materias clasificadas se reguló por vez primera en 1986, y seis años más tardes se amplió la prerrogativa. Los diputados, de este modo, pueden recabar todo tipo de información sobre "materias declaradas clasificadas conforme a la Ley de Secretos Oficiales".

En concreto, los representantes de esta comisión se ocupan de la política antiterrorista frente a ETA, controlan la asignación de fondos reservados y fiscalizan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por descontado, "los diputados están obligados a no divulgar las actuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas", según estipula el Reglamento parlamentario.

Los ministros de Interior, Defensa y Exteriores informan a esta comisión, al igual que el director del CNI, en sesiones siempre a puerta cerrada y con carácter reservado.

Además, y aunque los diputados pueden tomar notas, no deben "obtener copias ni reproducciones" de los documentos que reclamen, que siempre serán revisados "en presencia de la autoridad que la facilite".

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