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La cúpula militar asume ante el juez la contratación del Yak-42 y dice que "volvería a hacerlo"

Agencias
23/06/2008 - 16:44

El máximo responsable de la cúpula militar en el momento en el que se produjo el accidente del Yakovlev-42, que causó la muerte de 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, asumió hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la responsabilidad de contratar el avión y aseguró que volvería a "elegir el mismo sistema de vuelos", según informaron las partes personadas en la causa.

El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), y el general de División Juan Luis Ibarreta, imputados en la causa de la contratación del aparato por un delito de homicidio grave por imprudencia, defendieron ante el juez que "no existían motivos para dudar de la seguridad" de aviones como el Yak-42.

Seguridad en los aparatos

Durante su comparecencia, que se prolongó durante más deuna hora para cada uno, Moreno e Ibarreta explicaron que el Ministerio de Defensa contrató, a través de la agencia de la OTAN Namsa, a compañías de países procedentes de la Unión Soviética porque a la cúpula militar no llegó nunca ninguna queja relativa a problemas de seguridad en estos aparatos, según explicó a su salida del juzgado su abogado, Joaquín Rodríguez-Miguel.

El ex JEMAD incluso detalló al juez que antes del accidente, el Yak-42 siniestrado realizó otros tres vuelos similares sin que de ellos se derivara ningún informe negativo. Según añadió Rodríguez-Miguel, incluso uno de los responsables militares que habían utilizado el aparato realizó una felicitación sobre su funcionamiento que fue posteriormente reproducida en Castilla-La Mancha Televisión.

"Inspecciones suaves"

En relación con el control de los aparatos en los que se desplazaban las tropas, Moreno indicó que el EMACON únicamente se encargaba de realizar inspecciones operativas sobre los vuelos y no técnicas, lo que definió con el término de "inspecciones suaves". Los militares, que se mostraron "nerviosos" en algún punto de sus intervenciones, según destacaron los abogados de los familiares de las víctimas, justificaron la elección de la agencia de la OTAN Namsa para el desplazamiento de las tropas al exterior en lugar de ejecutar este proceso directamente con las compañías y a través de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este sentido, indicaron que la agencia de la OTAN trabajaba con compañías que ofrecían más flexibilidad a la hora de cambiar los vuelos, corrían mayores riesgos para acudir a zonas en conflicto y asumían toda la responsabilidad de sus operaciones. Según los abogados de las familias, los mandos apuntaron incluso a la existencia de un manifiesto unilateral de la empresa ajeno al contrato en el que se exoneraba de responsabilidad a la otra parte en caso de accidente.

Desconocían las quejas

El ex JEMAD, que fue interrogado directamente por Grande-Marlaska durante buena parte de la declaración, dijo que únicamente conoció el contrato del Yak-42 a través del EMACON, al que delegó las competencias en este asunto. De igual modo, aseguró desconocer que 14 quejas sobre seguridad hubieran llegado al Ministerio, como defienden las familias.

En este sentido, aseguró no conocer por su "carácter conficencial" el informe elaborado por el Mando Aéreo de Levante (MALEV) sobre problemas de seguridad en aviones Tupolev e Illushyn que, según ratificó el ex ministro José Bono durante su comparecencia ante el juez, se remitió por fax al gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) y al Centro de Coordinación de la Defensa (CECOD), al que Moreno situó "a pie de obra del ministro".

De igual modo, Moreno e Ibarreta señalaron que no facilitaron al ministro de Defensa la información con la que respondió una pregunta parlamentaria sobre problemas de seguridad en estos aparatos, y que fueron ellos y no Trillo quienes tomaron, tras el accidente, la decisión de suspender los contratos con Namsa. El teniente fiscal, Fernando Burgos, atribuye a Moreno Barberá "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y considera a Ibarreta "responsable de la contratación" del aparato.

Mañana continúa el juicio

La ronda de declaraciones de los imputados se completará mañana con las comparecencias del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, el contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

Grande-Marlaska acordó el pasado 20 de mayo la imputación de los cinco mandos militares al considerarles indiciariamente autores de "un delito de imprudencia grave con resultado de distintas muertes". A todos ellos les atribuye la presunta "omisión" en "el control efectivo del cumplimiento del contrato de ventas" que el Ministerio de Defensa suscribió con la agencia de la OTAN Namsa para el desplazamiento de tropas en Afganistán.

La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera el archivo acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Cansancio de los pilotos

Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que por escrito atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y cinco mandos militares.

También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".

En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres, en la que las acusaciones piden entre cuatro años y medio y cinco de cárcel para un general y dos oficiales.


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