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Catalá niega cualquier injerencia en la actuación del fiscal general del Estado

EFE
16/02/2017 - 13:07
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Madrid, 16 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que exista ningún tipo de injerencia o indicación por parte del Gobierno a la Fiscalía General del Estado para que no actúe en contra del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

En declaraciones en el Congreso, Catalá ha subrayado que en este caso hubo cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado que coincidieron en considerar que no había responsabilidad penal, y ha recordado que en asuntos relevantes como éste los fiscales tienen además que pedir criterio a sus superiores.

Por otro lado, Catalá ha considerado que la información que publica El Mundo según la cual la Fiscalía también intervino para no imputar al expresidente riojano Pedro Sanz no es cierta, porque en ese caso no hubo modificación de criterio por parte del fiscal.

Sobre el caso de Pedro Antonio Sánchez, el ministro ha recordado que los informes de la cúpula de la Fiscalía eran discordantes con los de los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y ha señalado que en este caso el criterio que se impone, "lógicamente", es el de los superiores, en una institución como la fiscalía que es, ha subrayado, "jerarquizada".

"Cada uno de los fiscales tiene autonomía pero al final tiene que haber una voz única" y la fija el criterio de la Fiscalía General del Estado, ha añadido.

La decisión de no acusar a Sánchez la firmó la teniente fiscal Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por el fiscal general del Estado, quien ha afirmado que no tuvo ningún tipo de presión política al respecto y que actuó de acuerdo con el planteamiento de la Secretaría Técnica y los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.

Ese criterio no es el de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, quienes, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.

Según las fiscales, ese plan, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos "personales" o "particulares".

En ese contexto, Catalá ha recordado que el lunes pasado el fiscal general del Estado dictó un decreto, un documento jurídico donde analiza las circunstancias, y que acaba diciendo que se formalice una acusación contra unas personas y no contra otras. Tras este decreto todos los fiscales "tienen que actuar con unidad de criterio".

El titular de Justicia ha dicho que no le preocupa la actuación de la Fiscalía porque está dentro de su "normal funcionamiento".

Y ha añadido que quizá lo único preocupante es que se pueda transmitir que hay discrepancias porque eso es muy normal que suceda a lo largo de un procedimiento, pero cuando finalmente la Fiscalía fija un criterio debe ser llevado adelante por todos los representantes del Ministerio Público.

Rafael Catalá ha considerado por otro lado que no es cierto que Pedro Antonio Sánchez supiera cuál iba a ser el criterio de la Fiscalía, porque si se ve la secuencia los hechos sobre cuándo se dictó el decreto y cuando habló de él el presidente de Murcia "no hay caso" en este sentido.

El ministro de Justicia ha asegurado en todo momento que no ha habido "ninguna" injerencia del Gobierno a la actuación del fiscal.

"Ninguna injerencia, ninguna indicación, ninguna interferencia en la actividad de la Fiscalía", ha señalado el ministro.

Además se ha referido al "fondo" de este caso, en el que se acusa al presidente de Murcia, por parte de dos fiscales, de haber intentado generar un contrato para mejorar su reputación en las redes sociales, "contrato que no se celebra" y sobre el que por tanto "no hay ningún pago".

Además ha lamentado que se ponga en duda la actuación de los fiscales que defienden no imputar a Sánchez pero nadie pregunte por la de quienes defendían acusarlo.

"Por qué nos preocupa tanto que los fiscales de sala del Supremo y la Secretaría Técnica consideren que no hay delito y si nos preocupa que dos fiscales consideren que sí hay delito", ha señalado.

Y ha insistido en que no se debería transmitir a los ciudadanos una sensación de "incertidumbre" o "inseguridad" sobre lo que es el "normal funcionamiento" de una institución en la que hay "debate" jurídico y "legítimas discrepancias", y en la que al final, ha recalcado, "prevalece el criterio de los superiores".

Por otra parte, preguntado por Pedro Sanz, Catalá ha hablado de un "error absoluto" en la información de El Mundo según la cual la Fiscalía General también impidió acusarlo por la construcción de un chalé en terrenos ilegales.

"Según me ha informado el fiscal general del Estado, ellos no han modificado el criterio de los fiscales", y no hay ningún documento ni papel de la Institución que le diga a los fiscales de ese caso lo que tienen que hacer.

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