El Plan de Derechos Humanos tiene 172 compromisos y varias reformas de leyes

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Madrid, 12 dic (EFE).- El Plan de Derechos Humanos aprobado hoy recoge 172 compromisos de gobierno, para los que será necesario la puesta en marcha de varios planes y actuaciones, que requieren algunas reformas legales.

El plan hace una división entre acción exterior e interior y se estructura en torno a dos ejes: la igualdad, no discriminación e integración de las personas, y las garantías que protegen los derechos humanos.

A continuación se enumeran, de forma esquemática, algunas de estas actuaciones.

ACCIÓN EXTERIOR :

-Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

-Se firmarán y ratificarán instrumentos internacionales como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad; el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre municiones de racimo y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

-Se dará cumplimiento a los compromisos sobre cooperación al desarrollo, y en especial de los Objetivos del Milenio, a los que se destinará al menos un 50 por ciento de la ayuda española al desarrollo.

-El Gobierno luchará contra la pena de muerte y en la prevención de la tortura. Igualmente promoverá la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones.

ACCIÓN INTERIOR:

-Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación.

-Reconocimiento del derecho al voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes no comunitarios.

-Modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social, para garantizar su derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita.

-Proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, creación de un observatorio sobre el pluralismo religioso y refuerzo de la formación y enseñanza de los distintos agentes públicos (policías, fuerzas armadas, sanitarios, etcétera).

-Se amplían las garantías legales del detenido: reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, prohibición de la detención incomunicada a menores de edad, grabación en dependencias policiales de incomunicados.

-Plantea mejorar la tutela judicial efectiva, garantizar la doble instancia penal, reducir los plazos y la mejora del servicio público.

-Proyecto de Ley para recoger los derechos de los ciudadanos ante la justicia y su derecho a recibir información transparente sobre los asuntos tramitados.

-En la lucha contra la violencia de género, campañas de información y sensibilización permanentes, participación de las organizaciones de mujeres y ONG, dispositivos electrónicos y control telemático de las medidas de alejamiento de maltratadores.

-Para defender los derechos de los españoles en el exterior, se apoyará la creación de una Oficina de Defensa del Español en el Exterior, dentro de la institución del Defensor del Pueblo; se pondrán en marcha medidas para facilitar el voto y se facilitará asistencia jurídica a los penados.

-Compromiso de mejorar la atención y protección de las víctimas (registro de medidas cautelares). Respecto a las víctimas del terrorismo: proyecto de Ley para Víctimas del Terrorismo y sus familiares; reforzamiento del estatus de la víctima en el proceso penal; reconocimiento moral y político a las personas acosadas por el terrorismo y garantías para velar por la dignidad, el honor y la memoria de las víctimas.

-Proyecto de Ley de Cuerpos Penitenciarios y creación de cinco nuevas unidades de madres.

-Se establecerán garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un Protocolo sobre servicios mínimos esenciales del funcionamiento y de régimen interno.

-Reforma del sistema de asilo, para garantizar eficazmente la protección internacional de los refugiados.

-Medidas en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos para fortalecer la cohesión en prestaciones de educación, vivienda, sanidad, servicios sociales básicos, condiciones laborales, prestaciones a dependientes y protección de los derechos de la infancia.