Una asociación critica que el teléfono de la gripe A se otorgue a empresa privada

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Madrid, 24 ago (EFE).- La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha criticado hoy que el servicio de atención telefónica sobre la gripe A que comenzará a funcionar en septiembre se haya concedido a una empresa privada, lo que supone "otra medida privatizadora de la asistencia sanitaria pública".

En un comunicado, la asociación se ha referido así a la presentación el pasado día 17 del Centro de Coordinación Telefónica de la Gripe A, que a partir del 15 de septiembre centralizará todas las llamadas de información ciudadana y las referentes a la asistencia a personas con síntomas de dicha enfermedad en el número de emergencias 112.

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, explicó ese día que en este servicio participarán más de mil profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) del SUMMA y 175 operadores telefónicos que han recibido formación específica sobre la nueva gripe.

Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid "la epidemia de gripe A en la Comunidad de Madrid es una nueva coartada para la privatización de servicios sanitarios públicos".

"Lo que en principio parece una buena medida para paliar, en caso de necesidad, la sobrecarga asistencial que puede originar una posible epidemia de intensidad importante, se convierte por la vía de la decisión adoptada sobre su gestión y provisión en otra medida privatizadora de la asistencia sanitaria pública por parte del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

Ha explicado que el servicio se ha adjudicado "a una entidad privada que con su propio personal, cuya cualificación sanitaria desconocemos por el momento, será la encargada de atender estas demandas".

En su opinión, el consejero de Sanidad "una vez repuesto del susto inicial, consecuencia de la llegada de una epidemia a la región después de haber ordenado desmantelar hace un año los servicios regionales de Salud Pública, se dispone de nuevo a hacer lo que mejor sabe".

Esto es, según la asociación, "crear oportunidades de negocio y hacer pasar el dinero público a manos privadas, especialmente constructoras y bancos, aprovechando cualquier situación o demanda sanitaria, independientemente del riesgo que ello conlleve para la salud de la población afectada".

Desde la Asociación se denuncia "la actitud privatizadora y de desmantelamiento que con su incompetencia e intereses espurios el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid esta provocando en la Sanidad Pública de la región", y que ha colocado a la Comunidad "en situación de desventaja frente a las otras comunidades para atajar las posibles consecuencias de amenazas como la presente".