Mujeres nicaragüenses exigen la restitución del aborto terapéutico en la legislación

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Managua, 14 ene (EFE).- Decenas de mujeres nicaragüenses se plantaron hoy frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para demandar la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.

Durante el plantón, convocado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, las mujeres exigieron a los magistrados pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron hace tres años, tras la reforma del Código Penal para prohibir el aborto terapéutico.

"Porque la vida de cada mujer cuenta, exigimos sentencia favorable ya", gritaban las féminas, que se apostaron pacíficamente en las afueras del edificio judicial.

Durante la manifestación, que interrumpió el tránsito en la zona por breve tiempo, las mujeres exhibieron pancartas alusivas al derecho a la vida de la mujer y además portaron cuadros con cheques pintados con el monto salarial que han ganado los magistrados en los últimos tres años.

Las féminas denunciaron que debido a la penalización del aborto terapéutico al menos dos mujeres no pudieron salvar sus vidas en el 2009.

El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico, solo en caso de peligro para la madre, que figuraba en el Código Penal del país desde hacía más de un siglo.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".

Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.

Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucional contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.