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C.León.- Juzgado un médico de Valladolid que se enfrenta a un año de cárcel por no diagnosticar un cáncer

2/07/2008 - 19:53

El facultativo achacó los males de la víctima, fallecida al malignizar el tumor que tenía, a una simple afección dental

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

Hoy quedó visto para sentencia el juicio contra el médico de Atención Primaria Antonio P.F, con consulta en el Centro de Salud Valladolid Este, como autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional presuntamente cometido sobre una paciente, María Luisa V.B, fallecida de cáncer en 2005, que a principios de 2002 acudió a su consulta quejándose de un bulto en el lado derecho del cuello que el imputado achacó a una afección dental y sin que le realizara pruebas diagnósticas ni la derivara a un especialista.

En la vista, que se prolongó durante las jornadas de ayer y hoy en el Juzgado de lo Penal número 1, declararon cuatro peritos, entre ellos médicos de reconocido prestigio, que analizaron las diferentes pruebas sobre la actuación del facultativo de Valladolid.

El Ministerio Fiscal establece una relación de causalidad entre la conducta del encausado y el crecimiento y extensión del tumor que derivó finalmente en la muerte de la víctima, de ahí que, junto a la pena de un año de cárcel, solicite su inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica por espacio de cuatro años y seis meses y el pago de indemnizaciones para los familiares de la fallecida que suman 170.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación particular, en representación de la familia de la víctima, coincide con la pública en su petición de pena pero eleva el conjunto de indemnizaciones a los 300.000 euros.

Ambas acusaciones entienden que del pago de dichas indemnizaciones habría de hacerse cargo la compañía aseguradora Zurich España, como responsable civil directa, y el Sacyl como responsable civil subsidiario.

La paciente fallecida, que estaba casada y tenía dos hijos que hoy cuentan con 20 y 13 años, falleció a los 46 años a causa de un carcinoma ex tumor mixto que, según las acusaciones, era de carácter benigno en su origen pero que malignizó por el tiempo transcurrido desde que acudió a la consulta del facultativo querellado hasta que, tras muchos intentos, logró ser operada en el Hospital Universitario Río Hortega y conoció en junio de 2004 el terrible diagnóstico.

La querella fue presentada inicialmente por la propia afectada, si bien, tras su muerte, es ahora su marido el que mantiene la personación convencido de que el querellado "pasó olímpicamente de ella" y de que la "Seguridad Social no se implicó para nada".

POLICÍA MUNICIPAL 20 AÑOS

El marido de la que fue agente de la Policía Municipal de Valladolid durante más de 20 años se propone continuar el proceso porque su pareja "se empeñó en vida para que lo ocurrido no caiga en saco roto y se llegue hasta donde haya que llegar".

Los hechos, siempre según las acusaciones pública y privada, se iniciaron el 15 de febrero de 2002 cuando María Luisa V.B, con una radiografía de la boca realizada en 1992, se personó en la consulta del médico de Atención Primaria del Centro de Salud Valladolid Este Antonio P.F. ante la aparición de un bulto en el lado derecho del cuello, si bien el imputado lo atribuyó entonces a la existencia de una previa extracción de la muela del juicio y le prescribió un antiinflamatorio.

A partir de ahí, la paciente inició un largo peregrinaje por la consulta de su médico de cabecera, a la que acudió numerosas veces hasta septiembre de 2003 debido a que el bulto seguía creciendo y sufría dolores de cabeza continuos, aunque el acusado en ningún momento le prescribió la necesidad de efectuar pruebas complementarias de diagnóstico y ni siquiera la remitió a un especialista maxilofacial.

No fue hasta el día 20 de mayo de 2004 cuando María Luisa, tras acudir al Servicio de Atención al Paciente y lograr que fuera atendida por un especialista maxilofacial de la medicina privada, fue finalmente intervenida en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde le fue extirpada la glándula salivar.

EL MAZAZO, POR TELÉFONO

El doctor que practicó la operación comentó a la afectada que ésta había sido retrasada en exceso pues podía tratarse de una tumoración maligna y que la masa estaba muy extendida. La constatación de esas sospechas llegó el día 11 de junio cuando María Luisa recibió como un mazazo una llamada telefónica que le dio a conocer el resultado del informe de Anatomía Patológica realizado tras examinar la masa extraída.

Se trataba de un carcinoma ex tumor mixto, con invasión local de espacios vasculares (vasos) y perineurales (nervios), dato este último que, como así conoció entonces aterrada la mujer, era un signo de mal pronóstico.

Además de tener que acudir a un psiquiatra tras recibir la dura noticia, la agente precisó de una nueva intervención que fue practicada casi un mes después, el 17 de junio, y en la que se le extirparon todos los ganglios del cuello y se le realizó una resección radical de la celda submaxilar que le provocó una alteración de la anatomía de la mandíbula e importantes secuelas.

Dado que existía ya metástasis en la zona cervical, la paciente tuvo que someterse a una treintena de sesiones de radioterapia en la Clínica 'Instituto Madrileño de Oncología' de Madrid que concluyeron el 21 de septiembre de 2004, si bien para entonces todo tratamiento llegaba ya tarde y moría cinco meses después, el día 25 de febrero de 2005.

Un informe del Servicio de Clínica Forense de Valladolid confirmó la existencia de una "evidente mala praxis" cometida en este caso al no realizar a la paciente las exploraciones físicas y complementarias necesarias respecto de su patología entre enero de 2002 y abril de 2004 para llegar a un diagnóstico concreto.

Además de tales pruebas, entre las que cita una ortopantomografía, una ecografía y, sobre todo, una resonancia nuclear magnética (RNM) y una punción-aspiración con aguja fina (PAAF), el informe detecta una "clara deficiencia" en la historia clínica del Centro de Salud Valladolid Este en cuanto a la forma y contenido, al no cumplir las directrices de la Le 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y obligatoria desde mayo de 2003.

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