Aborto.- Denuncian que el Ayuntamiento de Madrid no permite, por tercera vez, un acto público contra el aborto

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La Plataforma por la Vida y la Mujer denunció hoy "falta de seguridad jurídica" frente al Ayuntamiento de Madrid, a la hora de ejercer sus derechos de reunión y expresión ante la negativa del Consistorio, por tercera vez consecutiva, de celebrar un acto público contra el aborto.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Plataforma por la Vida y la Mujer denunció hoy "falta de seguridad jurídica" frente al Ayuntamiento de Madrid, a la hora de ejercer sus derechos de reunión y expresión ante la negativa del Consistorio, por tercera vez consecutiva, de celebrar un acto público contra el aborto.

En un comunicado, la Plataforma, que integra Unidos por la Vida, subraya que la Junta Municipal de Fuencarral les ha denegado la posibilidad de leer un manifiesto, a través de un megáfono.

Señalan que, por tercera vez, el Consistorio del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha prohibido la realización de un acto público de este tipo. Resaltan que, en esta ocasión, pretendían "abrir un debate público sobre el aborto y la adopción que quería ofrecer a la sociedad una tribuna de expresión frente al secretismo y opacidad de la subcomisión parlamentaria del aborto". "Nuestra iniciativa ha sido abortada por el Ayuntamiento de Madrid, del mismo modo que son abortados los niños a los que representamos", añadieron.

Según indican, "su voz ha sido acallada en nombre de unas ordenanzas y un ecologismo que violan flagrantemente la Constitución, que llega al extremo de considerar el ejercicio del derecho de expresión como un factor contaminante del medio ambiente".

Señalan que la argumentación municipal "hace gala de una discriminación evidente, negándoles el derecho al uso de la vía pública cuando el consistorio es conocido por su patrocinio de actividades lúdico-político-deportivas que con frecuencia interrumpen el ritmo ordinario de la vida pública y causan graves molestias a los ciudadanos".

Desde la Plataforma alertan del peligro que supone para la convivencia democrática "la prohibición discrecional del ejercicio de la libertad de expresión y reunión" y advirtieron que tomarán "las medidas legales oportunas" para responder a lo que consideran un "abuso de poder antidemocrático".