El PP permitió abortar a menores de 16 y 17 sin permiso paterno, según Mujeres Progresistas

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Madrid, 17 oct (EFE).- La Federación de Mujeres Progresistas ha asegurado que durante el mandato del PP se practicaron medio millón de abortos en España y, hasta la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente, en 2002, las menores de 16 y 17 años podían interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.

En una entrevista a Efe-TV, la presidenta de esta organización, Yolanda Besteiro, ha denunciado la actitud hipócrita del PP, que durante siete años permitió que estas adolescentes abortaran en los supuestos legales sin contar con el permiso de sus padres y tampoco hubo "ni una sola manifestación ni ninguna acción" del Gobierno de José María Aznar para reducir el número de abortos.

Besteiro cree que con la manifestación de esta tarde en Madrid en contra de la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo, que ha sido convocada por varias organizaciones sociales, como el Foro Español de la Familia, el PP intenta "hacer oposición" e "intoxicar" a la opinión pública con el fin de no avanzar "en la consecución de derechos de las mujeres".

Ha negado que el PP o la Iglesia defiendan la vida con este tipo de iniciativas porque "no les hemos visto manifestarse contra la guerra ni contra los millones de niños que mueren de hambre en el mundo" o contra los actos de pedofilia.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ha añadido la responsable de la federación, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, que, según ha explicado, recomienda la aplicación de una ley de plazos para proteger los derechos de las mujeres, una normativa que, ha afirmado, tienen casi todos los países que integran este organismo.

Precisamente, ha añadido, casos como el de la clínica Isadora de Madrid, en el que presuntamente la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación irregular, ponen de relieve la necesidad de "zanjar" de una vez por todas la cuestión del aborto.

Ha pedido al Ministerio del Interior que llegue "al fondo" de este asunto y depure las responsabilidades que se deriven de estas actuaciones, después de que el titular del Juzgado número 6 de Madrid archivara el caso contra la clínica al no haber el "más mínimo indicio" de que practicara abortos ilegales.

En el auto, el magistrado acusa a los agentes de la Guardia Civil del Seprona que participaron en el procedimiento de articular una investigación inquisitorial y manipular la realidad.