AI denuncia que Ley Extranjería no garantiza protección de derechos humanos

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Madrid, 29 oct (EFE).- La reforma de la Ley de Extranjería aprobada hoy en el Congreso está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos, según Amnistía Internacional (AI).

La responsable de Política Interior y Derechos Humanos de AI, Virginia Álvarez, ha afirmado a EFE que el texto aprobado tiene "más sombras que luces".

Entre los temas que "más preocupan" a AI se encuentra el que se siga utilizando la inscripción en el padrón municipal como medio de control migratorio, cuando es un requisito indispensable para acceder a la sanidad y a la educación.

Álvarez ha explicado que la ley mantiene el que el Ministerio del Interior pueda acceder a dicho padrón sin previo aviso a los interesados, por lo que muchas personas que no tengan su situación legal en España pierden el acceso a esos derechos básicos.

Además, ha criticado el que se haya incrementado el plazo de internamiento de 40 a 60 días y, sobre todo que aquellas personas que solicitan asilo o un 'habeas corpus' puedan ver incrementado este plazo hasta 12 días más.

"El internamiento debería ser el último recurso, deben utilizarse otras medidas cautelares y debe excluirse la posibilidad de un internamiento" porque "nunca el ejercicio de un derecho puede tener una consecuencia negativa", ha argumentado.

Tampoco es una ley que arbitra ningún mecanismo para poder pedir protección internacional, según Álvarez, que ha puesto el ejemplo de los polizones y menores no acompañados. En la ley se dice que se pondrán en contacto con las autoridades de su país, cuando "lo primero que se debe garantizar a un solicitante de asilo es que no se ponga en contacto con dichas autoridades", ha explicado.

Otro tema negativo de la ley para AI es el relativo a violencia de género porque, a pesar de mejoras como el artículo específico para las víctimas de trata, "la esclavitud del siglo XXI", Álvarez ha lamentado "profundamente" el que el miedo a la expulsión del país pueda suponer que muchas víctimas de género estén reticentes a acercarse a una comisaría.

"No se debe supeditar la protección de los derechos humanos de estas mujeres a su situación administrativa", ha añadido.