Dos empresas venden en espana "instrumentos de tortura" como esposas paralizantes para detenidos, según amnistía

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- Esta organización lamenta que "lagunas legales" permitan que empresas europeas comercien con material "de tortura"

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Amnistía Internacional denunció hoy que al menos una empresa española (Nidec) y otra con base en España (Grupo TDS) venden "instrumentos de tortura" como esposas paralizantes de electrochoque para su uso con personas detenidas.

Así figura en el informe "De las palabras a los hechos", publicado por Amnistía Internacional y Omega Research Foundation con datos que indican que empresas europeas aprovechan algunas lagunas legales para vender "instrumentos de tortura" como esposas con sujeción a la pared, "esposas para pulgares" metálicas, y "mangas" y "esposas" de electrochoque que administran descargas de 50.000 voltios a personas detenidas y presas.

El informe recoge que otra empresa española (Larrañaga y Elorza) fabrica una amplia gama de dispositivos de retención, como esposas de gran tamaño, aunque asegura que no lo hace con material de retención para la pierna completa.

Sin embargo, Amnistía afirma que Larrañaga y Elorza exporta sus productos a la empresa venezolana Centurión CA y a la sudafricana Assegai Trading Company, que venden a su vez cadenas para la cintura y productos de retención completa de piernas.

El informe muestra que estas actividades continúan pese a la introducción en 2006 de controles europeos que prohíben el comercio internacional de materiales para la policía y de seguridad diseñados para infligir torturas y malos tratos.

En este sentido, asegura que las lagunas en la legislación permiten que los proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley comercien con equipos cuyo único uso es infligir torturas o malos tratos.

El informe se debatirá oficialmente en la reunión que celebrará mañana jueves la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas, por lo que Amnistía Internacional y Omega Research Foundation pidieron a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que subsanen las lagunas legislativas que se ponen de relieve en el informe.

El director del equipo de trabajo sobre Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional, Brian Wood, indicó que sólo siete Estados han cumplido sus obligaciones legales de informar públicamente de sus exportaciones en virtud del Reglamento, entre ellos España. "Tememos que algunos Estados no se estén tomando en serio sus obligaciones legales", apuntó.

"Como parte de sus compromisos de combatir la tortura allí donde se produzca, los Estados miembros deben pasar ahora de las palabras a los hechos. Deben imponer controles realmente efectivos sobre el comercio europeo de material con fines policiales y de seguridad, y asegurarse de que tales artículos no se convierten en parte del conjunto de instrumentos del torturador", concluyó Michael Crowley, investigador de Omega Research Foundation.

(SERVIMEDIA)

17-MAR-10

MGR/lmb