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Las leyes de muerte digna no han servido para nada

  • Mientras no se despenalice la eutanasia todas estas leyes serían humo
Un familiar consuela a un enfermo. Imagen: Dreamstime.

Desde que Andalucía aprobó su ley de muerte digna en 2010 ocho comunidades más han seguido su ejemplo, la última Madrid hace unos días. Hace siete años, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) valoramos el esfuerzo pedagógico que suponía esta norma, aunque también expresamos nuestro temor a que quedara en una declaración grandilocuente sobre la dignidad pero a la postre no mejorase la calidad de la muerte de los ciudadanos. Sostuvimos que mientras no se despenalice la eutanasia todas estas leyes serían humo. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón: no han servido para nada.

Para garantizar los derechos a una información adecuada, a rechazar tratamientos, a elegir entre opciones clínicas y a dejarlo por escrito en un testamento vital ?todos recogidos en la ley 41/2002 de Autonomía del Paciente? no hace falta una norma autonómica. Tampoco para morir en una habitación individual o acceder a cuidados paliativos. Basta con que las Consejerías de Sanidad, que son las que tienen las competencias y el dinero, decidan hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Por falta de voluntad política, que no aparece de pronto porque lo pida un Parlamento.

Por eso sorprende que Ciudadanos y PSOE hayan registrado sendas leyes de muerte digna en el Congreso de los Diputados. Ambas son meras declaraciones de intenciones sin capacidad de cambiar nada. La ley 16/2002 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ya incorporó la asistencia paliativa a la cartera de servicios, y quince años después aún faltan recursos para garantizar una cobertura universal.

El camino de mejora no es aprobar otra nueva ley que no se cumpla, sino que el Ministerio de Sanidad ponga en marcha su estrategia en cuidados paliativos a través del Consejo Interterritorial. Pero no se hace porque no hay voluntad política, y más leyes del estilo no van a cambiarlo.

Una de las grandes carencias de estas leyes es que no evalúan ni la situación de partida ni aquello que buscan. Hoy por hoy se muere bien, mal o regular según el médico que intervenga. Pero, ¿cómo de mal? ¿Qué ocurre en realidad? ¿Qué dificultades encuentran los ciudadanos para ejercer sus derechos? ¿Y los profesionales para garantizarlos? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la muerte? No basta con aumentar los recursos paliativos porque también se muere mal en territorios del Estado donde tienen un 100% de cobertura. Hay que fomentar una cultura de la muerte entre la ciudadanía y en el sistema socio-sanitario y lograr que morir bien, de acuerdo a los valores y las creencias de cada persona, sea otro indicador de calidad.

DMD lleva una década proponiendo un Observatorio de la Muerte Digna que investigue cómo morimos, cómo medir la calidad de la muerte con indicadores objetivables, qué medidas mejorarían la experiencia de morir de los ciudadanos y la eficacia de estas.

Algo bien distinto a las leyes de muerte digna de Ciudadanos y PSOE es la proposición de ley orgánica de eutanasia que el grupo parlamentario Unidos Podemos registró en enero en el Congreso. Una norma que pretende reformar el Código Penal para hacer impunes los actos de eutanasia y suicidio médicamente asistido siempre que se ajusten a unos requisitos estrictos: una petición libre, voluntaria, personal y reiterada de una persona con una enfermedad terminal o aquejada de un sufrimiento intolerable que han de verificar al menos dos médicos. Una norma que volvería a situar a España en la vanguardia de los derechos civiles, junto a países como Bélgica, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo y Canadá.

La muerte voluntaria es un debate que está en la sociedad y que esperamos que se intensifique durante los meses que dure la tramitación de la ley. Deseamos que, cuando menos, Ciudadanos y PSOE apoyen que se produzca este diálogo dentro y fuera de la Cámara, que aporten mejoras al texto y que, llegado el momento, voten en conciencia. Solo cuando se garantiza el derecho de los ciudadanos a disponer de su vida, y a interrumpirla si lo desea cuando esta se ha vuelto insoportable, puede hablarse realmente de libertad.

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