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Bruselas expedienta a España por un hotel de lujo sin evaluación ambiental en una zona protegida de Fuerteventura

7/12/2017 - 17:19
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La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un expediente sancionador contra España por no evaluar el impacto medioambiental del desarrollo de un complejo hotelero de lujo en la localidad de Majanicho (Fuerteventura) antes de autorizar su construcción, a pesar de encontrarse en una zona protegida y de exigirlo las normas de la Unión Europea.

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

Bruselas actúa al considerar que el proyecto urbanístico "se aprobó sin determinar adecuadamente la necesidad de una evaluación" de impacto ambiental y también sin cumplir el análisis del impacto que podría tener en las zonas de protección especial afectadas.

En concreto, el problema afecta a la urbanización 'Origo Mare', un complejo de villas de lujo a desarrollar en un terreno "adyacente y parcialmente ubicado" dentro de la zona de protección especial catalogada como 'Costa del Norte de Fuerteventura'", según han informado fuentes comunitarias a Europa Press.

El Ejecutivo comunitario, además, ha tenido en cuenta al iniciar el procedimiento de infracción que el proyecto fue "declarado nulo y sin efecto" por los tribunales en España, a pesar de lo cual las obras para su construcción "no fueron suspendidas, sino que continuaron con un proyecto modificado".

Por ello, Bruselas ha remitido a las autoridades españolas una carta de emplazamiento, primera etapa de un procedimiento de infracción y que da un plazo inicial de dos meses a España para responder a la situación.

En ella insta a las autoridades a garantizar la conformidad del plan con la normativa comunitaria en materia medioambiental y la directiva sobre hábitats, de modo que las construcciones "ilegales" sean "regularizadas" con arreglo a la legislación autonómica de Canarias.

Si la primera respuesta no satisface a Bruselas, los servicios comunitarios podrían pasar a la siguiente fase, un dictamen motivado que daría un ultimátum de dos meses a España para solucionar las diferencias.

Si tampoco en esa fase se resuelve el proceso, la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pedir una sanción.

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