MADRID (Reuters) - La comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles el dictamen de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con la única oposición de IU-ICV.
La norma apuesta por la creación de una Agencia Estatal de Investigación que, a petición del PP, el Gobierno deberá constituir en un periodo máximo de un año tras la aprobación de la ley. La Comisión de Ciencia consideró fundamental la creación de esta agencia de financiación para gestionar los recursos económicos destinados a este campo con mayor eficacia y eficiencia.
Uno de los puntos claves de la ley es la situación de los becarios. Puesto que el Gobierno no puede legislar sobre esta figura en el sector privado, la ley exigirá contratos a las empresas con subvenciones públicas.
"Todos aquellos organismos que tengan ayudas del sector público tendrán que contratar y no dar becas", anunció la diputada socialista Juana Serna.
El texto que ahora será remitido a la Cámara Alta, establece tres tipos de contratos para la investigación científica: el contrato predoctoral, en el que por primera ocasión desaparecerán las becas, es decir, se cotizará desde el primer año; el contrato de acceso, en el que la evaluación será un mérito preferente; y el contrato de investigador distinguido. El contrato por obra y servicio para tres años máximo será válido sólo en la Universidad.
La Innovación pasará a ocupar un lugar prioritario, como destacó en su debate final la diputada de CiU Inmaculada Riera.
"La ley resitúa la innovación en el puesto que le corresponde como eje de crecimiento y clave en términos de competitividad y no se puede entender ni desvincular la investigación y el desarrollo de la innovación", afirmó Riera.
Además, la nueva norma busca fomentar la colaboración entre los entes públicos y privados en materia de I+D+I y desaparecerán las trabas para los investigadores para moverse entre la empresa pública y privada.
Izquierda Unida- Iniciativa per Cataluña Vers fue el único partido que votó en contra, al considerar que la ley "no sólo no resuelve sino que profundiza en la precariedad de los investigadores", según Gaspar Llamazares.
"(El texto) no asegura la continuidad del personal investigador ni la estabilidad en el sistema" y "mantiene la dualidad de las dos agencias de financiación, una para investigación y otra para innovación", concluyó el portavoz.
La nueva ley sustituirá a la vigente, aprobada en 1986, cuando termine su trámite parlamentario.

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