La Policía investiga la compra de una cristalería por parte de la mujer de un etarra

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La Fiscalía ha pedido a la Policía que investigue el origen del dinero con el que la mujer del etarra Kandido Azpiazu compró por 46.438 euros la mitad del negocio familiar de cristalería. Dicha empresa fue subastada después de que la Audiencia se lo embargara al terrorista para hacer frente a las indemnizaciones a las que ha sido condenado. Mientras tanto, ha sido registrado en Logroño un piso de ETA.

La otra mitad del negocio cristalero -ubicado bajo el domicilio en Azkoitia (Guipúzcoa) en el que reside Pilar Elías, viuda de una de las víctimas de Azpiazu, Ramón Baglieto- ya era propiedad de la mujer del etarra con lo que con esta operación la pareja logró recuperar la totalidad del mismo.

Ahora la Fiscalía, según informaron fuentes del Ministerio Público, trata de averiguar la procedencia del dinero con el que la mujer de Azpiazu, Milagros Altuna, pagó la parte embargada para determinar si era de ella o bien de su marido, lo que invalidaría la operación de compra, dado que la Audiencia Nacional se encarga de estudiar su patrimonio y embargar los bienes que sean de su propiedad con el objeto de hacer frente a las indemnizaciones a las que ha sido condenado.

El juzgado número 1 de Azpeitia (Guipúzcoa) fue el encargado de celebrar la subasta, mientras que es a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que corresponde controlar el proceso y verificar que el dinero recaudado en la subasta se deposite en una determinada cuenta bancaria.

El etarra, condenado

Azpiazu es uno de los dos condenados por el asesinato en 1980 del militante de la UCD Ramón Baglietto -el otro es José Ignacio Zuazolazigorraga- y en 2005 abrió la cristalería en un local situado bajo el domicilio de la viuda, lo que desencadenó un debate político sobre la necesidad de aplicar medidas de alejamiento en las condenas por terrorismo.

La cantidad obtenida por la venta de la mitad de la cristalería es para el Estado, ya que adelantó la indemnización que recibieron Elías y sus hijos en aplicación de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

En enero de 2006 la Audiencia Nacional decidió investigar el patrimonio de Azpiazu y del otro condenado por este asesinato, José Ignacio Zuazolazigorraga, para embargar sus bienes y garantizar que hicieran frente a la indemnización de 12,6 millones de pesetas que figuraba en su condena, dictada en noviembre de 1981.

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