Ahorro Energético

El Gobierno aprueba la tercera edición del Plan FuturE

El Gobierno ha aprobado hoy la tercera edición del Plan FuturE, con una dotación de 300 millones de euros que se destinarán a mejorar la calidad de las infraestructuras turísticas del sector en 2011, lo que incluye los alojamientos, la restauración, la oferta complementaria y las agencias de viajes.

Según ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) habilitará una línea de financiación para proyectos por valor de 300 millones e inspirada en las líneas Renove Turismo y FuturE 2009 y 2010.

Como principal novedad respecto a las ediciones anteriores, el FuturE 2011 incrementa el importe máximo de financiación hasta los 10 millones, frente a los 2 millones de las otras líneas.

Asimismo, se incrementa el plazo de amortización hasta como máximo 20 años, desde el máximo de 12 años que se había fijado anteriormente y se mantiene la financiación del 100 % de los proyectos de inversión.

La línea estará vigente hasta el 20 de diciembre de este año o, en su caso, hasta que se agoten los fondos y el interés de cesión del ICO a las Entidades de Crédito será fijo y dependerá del plazo de amortización y de la carencia.

El Plan FuturE permitirá a las empresas mejorar el índice de sostenibilidad con el objetivo de consolidar la posición del turismo español en la "vanguardia" del uso racional de la energía, de la utilización de energías renovables o de la gestión de residuos y las inversiones.

Según detalló hoy el Ministerio de Fomento en un comunicado, se podrá financiar la implantación de sistemas para promover el ahorro energético y de agua, aquellas iniciativas orientadas a facilitar la accesibilidad para personas con discapacidad, así como las inversiones para implantar sistemas de calidad o nuevas tecnologías.

Con la puesta en marcha de los Planes FuturE y Renove, la Secretaría General de Turismo ha puesto a disposición del sector 1.900 millones en dos años, que han permitido financiar 6.830 proyectos en todas las comunidades autónomas, lo que genera una inversión inducida de 3.600 millones.

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